Castilla y León reprueba al Gobierno por bloquear la votación sobre el reparto de menores no acompañados
Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta, denuncia que el Ministerio de Juventud e Infancia ha evitado someter a votación unos criterios ya aprobados en el Congreso sin contar con las comunidades autónomas
Sectorial de Infancia y Adolescencia
La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha salido indignada de la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada este martes, donde el Gobierno central ha anulado una votación clave sobre los criterios de reparto de menores no acompañados. Según ha denunciado, el Ministerio de Juventud e Infancia ha impedido que las comunidades autónomas expresen su postura, en un movimiento que Blanco califica como una maniobra para evitar una derrota ante la falta de consenso.
La reunión, convocada con un supuesto carácter de urgencia, ha generado malestar entre los representantes autonómicos. Blanco ha explicado que la ministra ya había anunciado la convocatoria hace tres semanas, lo que desmiente la urgencia alegada. Además, ha criticado que el Ministerio no haya proporcionado información esencial, como los datos enviados por las comunidades para determinar el número de menores a distribuir por territorio o la financiación correspondiente.
Lo más grave, según la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, es que el Gobierno pretendía que las comunidades diesen su visto bueno a unos criterios de reparto ya aprobados en el Congreso mediante el Real Decreto–Ley 2/2025, sin haber consultado previamente a los gobiernos autonómicos. “Es inaceptable que se nos cite para refrendar una decisión ya tomada a nuestras espaldas”, ha manifestado Blanco, visiblemente frustrada.
Ante la falta de unanimidad previsible, la ministra ha optado por cancelar la votación, una decisión que la vicepresidenta interpreta como un intento de esquivar el rechazo mayoritario. “El Gobierno ha preferido imponer sus criterios, diseñados para contentar a sus socios, en lugar de buscar un consenso real”, ha añadido. Blanco también ha recordado que Castilla y León presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el citado decreto, por considerar que invade competencias autonómicas.
La actitud del Ejecutivo central, según la número dos de la Junta, refleja una falta de transparencia y un menosprecio hacia las comunidades autónomas, que son las que, en última instancia, gestionan la atención a estos menores. “Salimos de esta reunión con estupefacción y una sensación de engaño”, ha concluido Blanco, quien ha prometido seguir defendiendo los intereses de Castilla y León frente a lo que considera una cesión permanente del Gobierno a sus aliados políticos.
