Castilla y León exige igualdad también en el reparto de menores migrantes: acusa al Gobierno de usarles "según le interesa"
La Junta que dirige Alfonso Fernández Mañueco critica que el Ejecutivo trate de imponer un reparto “arbitrario” de menores migrantes entre comunidades, beneficiando a sus socios separatistas y castigando a regiones como Castilla y León. La vicepresidenta Isabel Blanco ha denunciado la falta de diálogo y alerta de un sistema injusto que no tiene en cuenta las realidades territoriales.
Isabel Blanco atiende a los medios en León.
La Junta de Castilla y León ha alzado la voz contra el Gobierno central por lo que considera un reparto “arbitrario” y profundamente injusto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha criticado duramente la distribución planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que asigna 197 menores a Castilla y León, solo 31 a Cataluña y ninguno al País Vasco.
Según ha señalado Blanco este viernes en Astorga, donde ha visitado el centro social ‘Las Cinco Llagas’ de Cáritas Diocesana, esta distribución responde más a pactos políticos con “socios separatistas” que a criterios técnicos o solidarios. “No se puede beneficiar a unas comunidades en detrimento de otras”, ha denunciado, insistiendo en la necesidad de igualdad de trato entre territorios.
El Gobierno utiliza a los niños y niñas migrantes de Canarias según le interesa. Esto no es cooperación ni solidaridad, es una imposición total
La vicepresidenta ha recalcado que la Junta siempre ha defendido la solidaridad, pero desde el respeto a las diferencias territoriales y al diálogo. Ha criticado que el Gobierno actúe “desde la imposición” y sin contar con las comunidades autónomas, a pesar de que son estas las que ostentan las competencias en materia de protección y tutela de menores.
Blanco ha subrayado también que el sistema de protección no es el mismo en todas las autonomías y ha recordado que Castilla y León tiene una población más envejecida, lo que exige priorizar los recursos en el cuidado de las personas mayores. “Eso no lo tiene en cuenta el Ministerio”, ha lamentado.
A esta situación se suma la reducción anunciada por el Gobierno en los fondos por menor migrante atendido, que pasarían de 145 a solo 35 euros diarios. “Castilla y León es una tierra solidaria y de acogida, y así lo ha demostrado siempre”, ha asegurado Blanco. Pero advierte de que no se puede seguir adelante con decisiones unilaterales que ignoran la realidad de cada comunidad.