Presión al Gobierno de Sánchez para frenar el inminente desmantelamiento de Navacerrada tras la decisión del Supremo
Castilla y León acata la sentencia que obliga al cierre de la estación de Navacerrada, pero pide al Gobierno central que reconsidere su decisión y defiende que la actividad es compatible con la sostenibilidad y el empleo.
Un hombre esquía el primer día de apertura de la temporada de la estación de esquí de Navacerrada.
Castilla y León pelea por el futuro de la estación de esquí de Navacerrada. Desde la Junta han reclamado al Gobierno central que reconsidere una decisión que, a su juicio, carece de justificación y castiga de forma singular a esta infraestructura clave para la economía y el turismo de la zona.
El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obliga a desmantelar la estación, pero el debate político continúa abierto. Desde el Ejecutivo autonómico insisten en que cumplirán la resolución, aunque eso no implica renunciar a defender la continuidad de la actividad.
El portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha subrayado que no existe ninguna razón para que Navacerrada sea la única estación de esquí de España que se vea abocada al cierre. En este sentido, ha lamentado que el foco se haya puesto exclusivamente en una instalación que beneficia tanto a Castilla y León como a la Comunidad de Madrid.
La principal reclamación pasa por exigir explicaciones al Gobierno. La duda que se plantea es clara: si considera negativas todas las estaciones de esquí o si la decisión responde únicamente a este caso concreto. Para Castilla y León, la medida no responde al “sentido común”.
El portavoz ha diferenciado entre el plano judicial y el político. Ha recordado que la sentencia “es de obligado cumplimiento”, aunque considera que responde más a cuestiones formales que al fondo del debate. En ese fondo, el Ejecutivo autonómico mantiene que la sostenibilidad ambiental no es incompatible con la generación de riqueza y empleo.
Varias personas en un remonte en el Puerto de Navacerrada.
Tras la decisión del Supremo de no admitir los recursos de casación presentados, se abre ahora una fase de análisis del fallo. La sentencia obliga a declarar la caducidad de la concesión, desmantelar las instalaciones y restaurar la zona, además de estudiar posibles indemnizaciones. Pese a ello, Castilla y León no da el asunto por cerrado. Se buscarán alternativas dentro de sus competencias para encontrar una solución que permita mantener la actividad o, al menos, reducir el impacto de la clausura.
El conflicto, en última instancia, gira en torno al equilibrio entre protección ambiental y desarrollo económico. Para el Gobierno autonómico, Navacerrada representa un ejemplo de que ambos pueden convivir, y su cierre supondría una pérdida innecesaria de empleo y actividad en el territorio.