La Junta apura la última oportunidad para frenar el modelo de financiación que perjudica a Castilla y León

Carlos Fernández Carriedo ha decidido jugar hasta la última carta para defender los intereses de Castilla y León. El consejero de Economía y Hacienda de la Junta ha acudido este viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera con un objetivo claro: intentar por última vez que el Gobierno reconsidere el modelo de financiación autonómica que pretende sacar adelante.

Frente a la opción de no acudir a la reunión, planteada por la Comunidad de Madrid para intentar evitar que hubiera el quórum necesario, Carriedo ha optado por estar presente y utilizar ese escenario para tratar de convencer al Ejecutivo. El responsable de Hacienda de Castilla y León considera que todavía existe una oportunidad para que el Gobierno sea "sensible" al rechazo mayoritario que genera su propuesta entre las comunidades autónomas.

La posición de la Junta parte de una cuestión fundamental para Castilla y León: la financiación no puede ignorar las particularidades de un territorio que exige un esfuerzo específico para garantizar los servicios públicos. Carriedo ha advertido de que el nuevo modelo planteado por el Gobierno reduce el peso de criterios que resultan especialmente relevantes para la Comunidad.

Entre ellos se encuentra la propia extensión territorial de Castilla y León, además de otros factores que permiten medir el coste efectivo de prestar servicios públicos en una comunidad con una elevada dispersión de sus municipios y una población envejecida.

Para Carriedo, restar importancia a estos elementos supone un grave error a la hora de repartir los recursos entre las autonomías. "Es un error", ha resumido el consejero, que reclama que el debate sobre la financiación autonómica vuelva al punto de partida y se construya un sistema diferente.

La Junta defiende así que no se puede establecer un modelo de financiación al margen de la realidad de cada territorio. En el caso de Castilla y León, factores como la extensión, la dispersión municipal y el envejecimiento tienen una incidencia directa en el coste de mantener y prestar los servicios públicos.

Por eso, Carriedo ha reclamado "partir desde cero" y alcanzar un acuerdo para un modelo alternativo al que plantea el Ejecutivo. Una propuesta que el consejero considera, además, vinculada a un acuerdo político concreto con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para conseguir su respaldo parlamentario.