Ribera desoye a Bruselas con el tema del lobo: Junta y ganaderos reaccionan

Tanto los ganaderos de Castilla y León como la Junta que encabeza Alfonso Fernández Mañueco están dispuestos a no cejar en su empeño de conseguir que el lobo baje su calificación de “estrictamente protegido” a tan solo “protegido” para que las competencias con la gestión de este animal en estado salvaje vuelvan a la Comunidad como era antes de 2021. Ese año, el Gobierno de Sánchez y en este caso la cartera que dirige Teresa Ribera metieron al lobo en el llamado Listado de Especies Protegidas (Lespre) y su caza está prohibida a todos los niveles.

Tal y como te hemos contado en ESdiario, los ataques de estos animales a los rebaños han crecido exponencialmente -y siguen haciéndolo- a lo largo de estos años y los ganaderos están atados de pies y manos. No pueden defender a sus animales, de los que depende su vida, porque podrían acabar sancionados económicamente o incluso en la cárcel. Una situación desesperada a la que siguen haciendo oídos sordos desde el Ejecutivo central a pesar de que la UE decidió en diciembre de 2023 reducir de “estrictamente protegido” a “protegido” al lobo en todo el territorio europeo.

La respuesta de vuelta durante todos estos años por parte del ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente era que estaban acatando órdenes de Bruselas y que era de obligado cumplimiento. Ahora ese argumento se va por el desagüe y por ello tanto desde la Junta a nivel político como las organizaciones agrarias a nivel social aprietan el acelerador para buscar una reacción. Es por ello que han mandado una carta firmada conjuntamente para pedir esa recalificación del lobo y cumplir con la nueva orden de la UE, tal y como siempre han argumentado desde el propio Gobierno central.

Así lo ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha asegurado que tanto ellos como los ganaderos tienen su mano tendida para alcanzar una solución consensuada a pesar de que hasta ahora han sido completamente ignorados. “En democracia siempre fueron medidas de consenso y se rompió históricamente en 2021. Castilla y León ofrece su mano y el resto de comunidades también la tenderá para que nos sentemos a planificar cómo volver al sistema anterior. Esto depende solo de la voluntad política del Gobierno”, ha explicado Suárez-Quiñones. Hay que recordar que con el sistema antiguo era el Gobierno regional el que se encargaba de la gestión de este peligroso cánido al norte del río Duero. 

Una manifestante durante las protestas en 2021 tras incluir al lobo en la LESPRE.

El consejero ha incidido en esa excusa puesta hasta ahora por parte de Ribera y su equipo para hacer oídos sordos a las peticiones e incluir al lobo en la Lespre “sin ningún rigor científico ni estudio ni censo” en el año 2021 aludiendo a la normativa europea. “Esta medida ya no tiene excusa. La UE ha puesto un cronómetro que le quema al Gobierno, porque camina en sentido contrario a la decisión europea”, ha comentado el miembro de la Junta castellanoleonesa, haciendo referencia al anuncio en diciembre del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, dando la orden de reducir esa categorización del lobo.

Sin embargo, tal y como ha explicado Suárez-Quiñones, en este caso concreto la Unión Europea no puede obligar a España a acatar la orden. Sin embargo, no tiene ningún sentido sobreproteger al lobo en 2021 para contentar a Bruselas y no aplicar los cambios de normativa ahora. El consejero asegura que España quedaría aislada, en lo que sería una "auténtica irresponsabilidad política" a nivel europeo y de los territorios. Sin embargo, los augurios no son buenos ya que no tiene pinta de que vayan a cambiar de opinión.

Manada de lobos ibéricos del Centro del Lobo Ibérico en localidad de Robledo de Sanabria, en Zamora.

Principalmente porque hace meses desde la cartera de Teresa Ribera informaron a Europa que la población de lobo estaba en regresión cuando no es cierto. Unas informaciones que fueron contrarrestadas por parte de Castilla y León y otras regiones con el mismo problema con una entrevista con el comisario al que se presentaron los datos reales. En todo caso, la postura tanto de la Junta, como de otras regiones y de organizaciones agrarias es de tener su mando tendida para hacer fácil la negociación y allanar el camino. Algo que, por el momento, parece difícil de alcanzar ante un Gobierno central que, si la Comunidad en cuestión la dirige el Partido Popular -y son la mayoría- se cierra en banda y no atiende a razones.