La Junta avisa: lo dará todo y defenderá a las empresas que llegaron de Cataluña

Los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes siguen dando de qué hablar. Y no es para menos, ya que muchas de estas cesiones afectan de manera más o menos directa o indirectamente a las otras Comunidades de nuestro país. Es el caso de la exigencia de Junts al presidente del Gobierno de permitir las multas a las empresas que se fueron de Cataluña tras el proceso independentista de 2017 y no quieran volver en un futuro a corto plazo.

Empresas que viendo el panorama salieron de Cataluña para buscar sobre todo estabilidad ante lo ocurrido y sobre todo por lo que se podría avecinar en el horizonte. En el caso de Castilla y León la Junta cifra en 138 las compañías de mayor o menor tamaño que se han asentado en la región después de estallar el proceso independentista. Empresas que, desde el propio gobierno que dirige Alfonso Fernández Mañueco, van a defender con todas sus fuerzas y con las armas jurídicas disponibles para que no salgan perjudicadas en el caso de que esta exigencia de Junts a Sánchez acabe siendo realidad.

Carlos Fernández Carriedo, portavoz y consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León.

Así lo ha aclarado este jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que concretamente ha dicho que serán “muy beligerantes” defendiendo la igualdad y la libertad de estas 138 empresas que buscan un "Gobierno amable" a las inversiones: “Porque ellos decidieron venir aquí y quieren seguir aquí. No creemos que el Gobierno deba hacer nada que cree disfunciones intentando cambiar una decisión que tomaron en plena libertad”.

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"Nadie debe condicionar la estancia de las empresas", ha expresado el también consejero de Economía y Hacienda, que además ha destacado que son esas propias empresas a las que más les duele tener un Gobierno en España que tome partido y enfrente unos territorios contra otros.

Para Carriedo, esta exigencia de los de Carles Puigdemont "atenta claramente contra la libertad de las empresas, contra los principios constitucionales y contra los principios constitutivos de la propia Unión Europea". Por todo ello avisa y garantiza que desde la Junta se analizarán "todo tipo de acciones" porque "los ciudadanos y las empresas de Castilla y León tienen menos derechos que los de otras comunidades autónomas".