La justicia avala la Ley de Libertad Educativa del Consell y desmonta las exigencias de los sindicatos sobre el valenciano en las aulas

El debate sobre la lengua en las aulas valencianas suma un nuevo capítulo judicial, y esta vez con una victoria para la Generalitat. El pronunciamiento llega, además, en pleno proceso de negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos que mantienen la huelga docente en la Comunitat Valenciana, en busca de un acuerdo que se antoja complicado. Precisamente, STEPV, UGT y CC.OO. han situado entre sus líneas rojas que el valenciano siga siendo la lengua vehicular de la enseñanza pública valenciana, una reivindicación que choca frontalmente con la Ley de Libertad Educativa aprobada por el Consell y avalada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Esta norma otorga a las familias la posibilidad de decidir, a través de una consulta pública que también ha recibido el respaldo judicial, en qué lengua quieren que estudien sus hijos e hijas. La resolución ha sido recibida con satisfacción por el Ejecutivo valenciano, que considera que el fallo desmonta las críticas de quienes cuestionaban el sistema y confirma que la libertad de elección de las familias es compatible con la protección y promoción del valenciano.

La sentencia desestima íntegramente el recurso presentado contra la orden que reguló la consulta celebrada para que las familias eligieran la lengua base de escolarización de sus hijos a partir del curso 2025-2026. Según destaca el Consell, el tribunal considera ajustado a derecho todo el procedimiento desarrollado por la Generalitat y rechaza uno por uno los argumentos planteados por los recurrentes que, en su mayoría, son diputados de Compromís en Les Corts Valencianes. Además, la resolución incluye la imposición de las costas procesales a quienes promovieron el recurso, una decisión que refuerza la posición jurídica del Gobierno valenciano en uno de los asuntos más sensibles de la legislatura.

El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha interpretado el fallo como un respaldo directo a la política educativa impulsada por el Ejecutivo autonómico. Según sostiene el Consell, la sentencia valida el modelo basado en la participación de las familias y reconoce como legítima la posibilidad de elegir la lengua vehicular de referencia en la educación de los hijos, frente al sistema anterior basado en proyectos lingüísticos definidos por cada centro educativo.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que rechaza expresamente la existencia de discriminación o segregación lingüística derivada de la aplicación de la ley. Asimismo, considera que el sistema es compatible con los principios de inclusión educativa y con la autonomía de los centros. La resolución también descarta que el nuevo modelo implique una pérdida de presencia del valenciano en las aulas. Según la interpretación realizada por la Generalitat, el tribunal concluye que no se ha acreditado que la lengua propia deje de ser vehicular ni en las zonas valencianohablantes ni en las castellanohablantes.

El TSJCV avala igualmente el procedimiento utilizado para desarrollar la consulta lingüística, incluida su modalidad telemática. El tribunal entiende que el proceso contó con las garantías jurídicas y técnicas necesarias para asegurar su validez. También rechaza las críticas relacionadas con la ausencia de una memoria económica específica, al considerar que la norma recurrida tenía carácter procedimental y no generaba gasto propio que obligara a incorporar ese trámite.

La sentencia llega en un momento especialmente relevante para la política educativa valenciana, marcada por debates sobre el uso de las lenguas oficiales, la libertad de elección y las competencias de los centros educativos. Desde el Consell subrayan además que no se trata de una resolución aislada, sino que se suma a otros pronunciamientos anteriores del mismo tribunal que ya habían avalado la normativa relacionada con la consulta lingüística, consolidando así la seguridad jurídica del modelo impulsado por la Generalitat.