La reforma de las pensiones, otra chapuza más de un Gobierno superado

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha recordado en las últimas horas, con poco tino y mucha polémica, otra de las reformas pendientes que, como la laboral, Europa también espera conocer en breve: la del sistema de pensiones.

Con la llamada hucha exhausta -apenas tiene un fondo de 2.000 millones- y necesitada de préstamos del Estados; la reforma más urgente de todas es la que menos y peor se ha abordado: el Gobierno se ha limitado a aplicar una revisión anual con arreglo al IPC, lo que unido a la inflación y al envejecimiento poblacional ha disparado el gasto mensual a 10.233 millones a fecha 1 de septiembre, último mes auditado por Moncloa. Es un 3.2% más que en 2020 y de ello se han beneficiado 9.88 millones de pensionistas.

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Como el Gobierno ha pensado al corto plazo en sus intereses electorales, anteponiendo una revisión insostenible para buscar el voto de los jubilados, tiene que cargar el peso de la reforma y de los recortes en las próximas generaciones.

En ese sentido, Escrivá ha dado pistas de cuál es la intención: de un lado, alargando la vida laboral hasta los 75 años incluso para recortar el tiempo de cobro de la pensión a seis años, teniendo en cuenta que la esperanza media de vida son los 81 años.

El Gobierno recortará las pensiones sin decirlo, alargando la vida laboral y subiendo mientras el impuesto al trabajo que son las cotizaciones

Y de otro, subiendo las cotizaciones en el último tramo de la vida laboral: en la última década de trabajo, que suele ser la de mejor salario, pretende elevar el “impuesto al trabajo” en al menos un 0.5% y repartir ese esfuerzo entre el trabajador y su empresa.

Contra las clases medias

Ésa es la forma para poder decir que no se bajarán las pensiones técnicamente y, a la vez, bajarlas significativamente: se cobrará lo mismo en el futuro, tal vez, pero durante menos tiempo y tras haber visto retenida una cantidad mayor de la nómina durante los años previos a la jubilación.

Puede ser hasta razonable, pero peca de un error de bulto, típico de Sánchez: renuncia siempre a las reformas estructurales para no incumplir promesas que no debería hacer hecho; y carga luego el 100% del esfuerzo en el futuro inmediato y en las clases medias: de ahí salen los señalados en esta reforma, que pretende empezar a aplicarse a partir de 2023, quizá después de las próximas Elecciones Generales.