| 26 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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Yolanda Díaz y Pedro Sánchez.
Yolanda Díaz y Pedro Sánchez.

Díaz ideó en 2020 huir del trabajo por Covid y Simón un protocolo de cadáveres

Trabajo preparó normas para frenar el Covid que vio “alarmistas” Pedro Sánchez, pero las asumió semanas después tras el decretazo (cierre de empresas, teletrabajo, ertes…).

| Francisco Mercado España

 

Yolanda Díaz calla tras proclamar que predijo en febrero de 2020 la crisis que sufriría España por el coronavirus. "El 15 de febrero, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y, por tanto, teníamos la necesidad de desplegar un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar".

La frase origina un doble fusilamiento de la ministra de Trabajo y vicepresidenta: los ministros se sienten traicionados por una 'profeta del ayer' en campaña personal y la oposición cree que prueba que el Gobierno preveía el grave impacto del virus en España semanas antes del confinamiento, lo contrario de lo sostenido día a día desde Moncloa. Y con el agravante de haber nutrido el contagio con actos masivos.

Los hechos dan la razón a Díaz. El riesgo era grave a mediados de febrero en España. Ya se sabía por la OMS que cada contagiado infectaba a tres personas, que el virus se cebaba con sanitarios y ancianos, que en un mes salpicaba un país como China. Y sólo lo frenaba una rápida detección con test masivos, aislamiento de personas o ciudades, mascarillas, EPIs, controles sanitarios fronterizos, y evitar actos masivos. Todo lo que España desdeñaba...

Portada de la guía antiCovid lanzada en 2020 por el Ministerio de Trabajo.

 

Tras el 8M se multiplicaron los casos. Y la tasa de reproducción del contagio (número de infectados generados cada día por los casos previos), que estaba bajando hasta ese fatídico fin de semana sin confinamiento alguno, se dobló de largo en los días posteriores, como detallo en mi libro Una pandemia de errores.

Díaz veía peligros ya en cualquier centro de trabajo mientras Fernando Simón bendecía un 8M masivo. “Cada uno tiene que expresarse como considere y si consideran que deben estar en la manifestación, que estén y si consideran que no deben estar, que no estén”.

La Italia contagiada/confinada, con 20.000 pasajeros diarios a España hasta el 10M, no sólo estaba en la retina de Díaz, sino en las estadísticas. A fines de febrero el 83% de los casos españoles eran importados, y no de China, sino de Italia.

Díaz vislumbró el desastre. Lo prueban documentos emitidos por su ministerio semanas antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma el 14 de marzo. El 26 de febrero publicaba un “Criterio” que establecía “que los periodos de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los trabajadores como consecuencia del coronavirus serán considerados como una situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común y, durante los mismos, los afectados tendrán derecho a las correspondientes prestaciones en los términos y condiciones establecidos por las normas del régimen correspondiente de Seguridad Social”.

 

La guía enumeraba la posibilidad de que los propios trabajadores se ausentaran por la pandemia.

 

Esto lo hacía Yolanda Díaz para llenar un vacío legal en una España con sólo 10 casos oficiales de coronavirus. La ministra no decía dónde bebía su alarma. En Simón, no. "En España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad ni tenemos ningún caso actualmente", decía el portavoz el 23 de febrero, ocho días después de preparar en secreto un “protocolo de manejo de cadáveres del coronavirus”.

Díaz no cejó en sus pesadillas pese a la propaganda oficial. El 4 de marzo difundía una “Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus”, elaborada también en febrero, que afloraba aún más su alarma. Su temor al tsunami de contagios era tal que invitaba a la deserción laboral por razones sanitarias: “En caso de riesgo grave e inminente de contagio, también las personas trabajadoras pueden interrumpir su actividad y abandonar el centro de trabajo, así como la representación unitaria de los trabajadores o los delegados de prevención pueden acordar la paralización de la actividad.

 

Irene Montero en la manifestación del 8-M de 2020.

 

Las personas trabajadoras y sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas mencionadas, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave”.

Y exigía un cierre sanitario a los empresarios. “Las empresas deberán paralizar la actividad laboral en caso de que exista riesgo de contagio en el centro de trabajo, sin perjuicio de la activación de medidas que permitan el desarrollo de la actividad laboral de forma alternativa o bien, de ser necesario, la adopción de medidas de suspensión temporal de la actividad”.

 

Trabajo definía qué era riesgo grave e inminente: “Todo aspecto que resulte probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda ser causa de gravedad para la salud de todos los trabajadores del puesto. La interpretación de esta situación debe ser restrictiva y no es suficiente la mera suposición ni la alarma social generada en relación con el riesgo de contagio”.

En una actitud que chirriaba con su gobierno, el ministerio de Díaz planteaba ya el teletrabajo, y los ERTEs “si los índices de absentismo impiden la continuidad de la actividad o si existe una decisión de la Autoridad Sanitaria que aconseje el cierre del centro de trabajo”.

¿Pero dónde estaba el 4 de marzo esa autoridad sanitaria capaz de cerrar un centro de trabajo si Salvador Illa veía bien todos los actos masivos previstos para el 8M y todavía el 9M, pese al acelerón de contagios, se resistía al cierre escolar que le exigían Madrid y Euskadi?

Por el contrario, la guía laboral de Díaz, a cuatro días del 8M, ya vaticinaba el apocalipsis vírico: “cuando se declare una zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, las empresas podrán articular un ERTE o incluso medidas de extinción cuando la causa directa sea la situación de emergencia”.

Pero no sólo chocaban con el PSOE los negros augurios de Díaz semanas antes del 8M. También con su partido. Podemos quería a toda costa el masivo acto del Día de la Mujer. Díaz no fue, y no por traición al feminismo. En Madrid había 202 casos el 8M. Y el 14M ascendían a 3.544. Díaz no fue grabada ocultando la causa de la bajada de asistencia al 8M como Irene Montero. “Pues tía, creo que al coronavirus. O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir”.

A la luz de la propaganda oficial, el virus no va a llegar, tal guía fue juzgada “alarmista” y Díaz fue reprendida. Sanidad le recordó que el virus era competencia suya. Ese ministerio era dirigido por un socialista y bajo férreo control del jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Díaz gozaba de mayor independencia.

Pero tras el 14M Sánchez le dio la razón: ordenó la paralización del trabajo presencial, el teletrabajo, los ERTES...Informes científicos acreditan que se habrían salvado miles de vidas y evitado el colapso sanitario si se hubiera anticipado una semana el confinamiento como, en cierto modo, planteaba Díaz.

El mismo día que Díaz difundió su “alarmista” guía, 4M, Simón sepultó un informe que le llegó de la UE pidiendo, entre otras medidas preventivas, evitar actos masivos. Ese informe no alarmó a Sánchez.