El decreto de ahorro energético ha llegado a los presidentes autonómicos junto a un informe de sus expertos jurídicos. Una vez más, como en pandemia, "no hay por donde cogerlo".
"O no se lo saben, o no se lo leen, o no se lo preparan". Este diagnóstico a ESdiario de fuentes del Gobierno Vasco refleja la reacción de todas las Comunidades Autónomas, con el País Vasco y la Comunidad de Madrid a la cabeza, al último y polémico decreto de ahorro energético lanzado por La Moncloa.
En estas últimas horas, el propio lendakari Íñigo Urkullu ha vuelto a reivindicar la que fue su constante exigencia a Pedro Sánchez durante los peores meses de la pandemia: la "cogobernanza".
Lo cierto es que de nuevo los reales decretos que el Gobierno lanza llegan a las autonomías y ayuntamientos -las instituciones con las competencias para desarrollarlos- repletos de erratas, lagunas, ambiguas interpretaciones y, lo que es peor según las fuentes consultadas, de colisiones competenciales y legislativas.
La última muestra de ello la destapó este mismo jueves el sindicato UGT al denunciar que el decreto aprobado con urgencia por Sánchez contradice a la Ley de Salud Laboral en un apartado tan decisivo como el límite de la temperatura en los centros de trabajo.
🌡️La temperatura en los centros de trabajo debe ajustarse a la normativa de prevención de riesgos laborales
— UGT (@UGT_Comunica) August 4, 2022
⚠️Las empresas han de tener en cuenta los parámetros de temperatura en función del tipo de trabajohttps://t.co/NBvYtGYBbJ
Lo que denuncia tanto Urkullu como Isabel Díaz Ayuso es la actitud de "ordeno y mando" de Sánchez.
Aunque en la "chapuza" constante del Gobierno las Comunidades Autónomas -incluidas las socialistas- señalan a un responsable del caos permanente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, responsable de la Comisión de Subsecretarios -órgano que coordina a los miniserios y que engrasa los asuntos que llegan al Consejo de Ministros-. Bolaños tiene además bajo su mando al ingente aparato de asesores de Moncloa y a los expertos jurídicos de la Abogacía del Estado.
En este caso, como ocurrió en los decretos del estado de alarma -tumbados por ilegales por el Tribunal Constitucional-, las comunidades critican que Bolaños no solo no convocó al Consejo Interterritorial del ramo, que reúne a los consejeros autonómicos, ni siquiera descolgó el teléfono para anunciarles las líneas generales del decretazo.
"Siempre es lo mismo, nos enteramos por la prensa de las medidas, llega el trágala y cuando nuestros expertos las desmenuzan, alucinan", ironizan las fuentes autonómicas consultadas.