Rastrean las amenazas de muerte al magistrado que investiga a Iglesias y Dina

Otro frente judicial se le abre a Podemos como consecuencia del caso Dina, por el que Pablo Iglesias está siendo investigado por el Tribunal Supremo, tras elevar la causa el juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

Y precisamente, las amenazas de muerte denunciadas por este magistrado desde el entorno del partido morado han provocado un nuevo sumario en otro tercer tribunal.

En concreto, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha abierto diligencias por el acoso que García Castellón denunció haber sufrido en redes sociales a raíz de sus pesquisas en relación con el robo del teléfono móvil de la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham. Una trama que se enmarca en la macrocausa Tándem sobre los trabajos realizados por el excomisario José Manuel Villarejo.

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Según han confirmado fuentes jurídicas, el titular de dicho juzgado, Esteban Vega, está investigando presuntos delitos de injurias a funcionario público en el ejercicio de su cargo y amenazas por la campaña de acoso al magistrado de la Audiencia.

Las pesquisas comenzaron por una denuncia de la Fiscalía de Criminalidad Informática de Madrid que parte a su vez de las indagaciones realizadas por la Policía Nacional.

García Castellón presentó el pasado mes de octubre una denuncia ante la Policía por considerar que los mensajes vertidos contra su persona "podrían revestir carácter de infracción penal", tras lo cual la unidad que rastrea delitos en redes sociales enclavada en la Comisaría General de Información asumió la investigación.

Al mismo tiempo, García Castellón envió una carta de cuatro páginas al Consejo General del Poder Judicial para poner en su conocimiento la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que empezó a sufrir en redes sociales después de que elevara una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que le pedía investigar al vicepresidente segundo por el caso Dina.

El responsable del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional vinculó esta campaña de acoso en redes sociales a su petición al Supremo para que investigara a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito con el objetivo de determinar cómo apareció en casa de Villarejo y acabó siendo pública la información contenida en el móvil de Bousselham tras su robo en 2015.

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García Castellón denunció al CGPJ que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del Poder Judicial e intimidar a los jueces y magistrados que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la misma.

En su opinión, se intenta difundir la idea de que su decisión no es fruto de una convicción jurídica, sino de "una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política", Podemos.