Estalla la guerra en la izquierda: IU denuncia a una alcaldesa de Podemos

El "abrazo de Sol "entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón, que selló la alianza electoral entre Podemos e Izquierda Unida, tiene pinta de haber caducado antes de tiempo. No es un secreto que las relaciones, sobre todo a tenor del batacazo electoral del 26-J, pero lo que está ocurriendo en el municipio madrileño de San Fernando de Henares puede ser un claro indicador de cómo realmente están las relaciones. 

Así, Izquierda Unida y PSOE han denunciado ante los tribunales a la alcaldesa Catalina Rodríguez Morcillo, de San Fernando Sí Puede (Podemos), por "enchufar" en el Ayuntamiento al abogado que trabajaba en su despacho, su socio antes de dar el salto a la vida política. Jaime Morales García es el asesor jurídico de la Alcaldía y jefe de personal del Ayuntamiento, nombramiento ilegal porque está reservado por ley exclusivamente a  funcionarios.

En su defensa la podemita asegura que Morales "es personal de confianza y el mejor que conoce para el puesto. Cobra 38.000 euros brutos al año por desempeñar dos funciones, mientras que cuando gobernaba Izquierda Unida había dos asesores para esas dos funciones que ganaban 60.000 euros cada uno".

Firma informes para despedir de empleados. Da instrucciones, cuidándose de hacerlas por escrito, lo que induce sospecha sobre su conocimiento de los límites legales, incluyendo la posibilidad de la prevaricación administrativa

IU y PSOE han presentado un recurso, cada uno por separado, en el juzgado contencioso administrativo contra el nombramiento del socio de la alcaldesa. Jaime Morales fue nombrado el 25 de junio de 2015 personal eventual del Ayuntamiento, con el puesto "asesor jurídico de Alcaldía". Su función es la de "asesoramiento legal del equipo de Gobierno. En ningún caso podrá representar al Ayuntamiento en los litigios municipales". Pero en el decreto que firmó la alcaldesa y ratificó el secretario municipal la regidora quiso añadir que "el asesor jurídico tendrá las labores de dirección de personal". 

El recurso alega que el decreto otorga a Morales "una competencia de asesoramiento legal de la que no dispone, puesto que esta debe ser prestada por funcionarios de carrera", ya que el Estatuto Básico del Empleado Público regula que "el nombramiento de personal eventual en todas y cada una de las administraciones públicas debe quedar reducido a las funciones que exigen una estricta relación de confianza política y no debe extenderse a la realización de actividades ordinarias de gestión o de carácter técnico". Por último, IU y PSOE entienden que Morales García no puede ser jefe de personal, "ya que las funciones de dirección o gestión del trabajo administrativo y en consecuencia las tareas de dirección de personal no pueden ni deben ser desarrolladas por personal de confianza tal y como establece el decreto recurrido".

Según Izquierda Unida, el asesor de la alcaldesa "firma informes que conducen al despido de empleados y la provisión de puestos de trabajo. También da instrucciones a los servicios jurídicos, cuidándose mucho de hacerlas por escrito, lo que viene a inducir sospecha sobre su conocimiento sobre los límites legales de sus funciones, incluyendo la posibilidad de estar cometiendo prevaricación administrativa".

San Fernando Sí Puede gobierna en minoría. Fue la segunda lista más votada después del PP al obtener cinco concejales. Catalina Rodríguez fue investida alcaldesa  a los cinco ediles que también obtuvo el PSOE y los cuatro de Izquierda Unida, partidos que ahora la conducen a los tribunales.