| 26 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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La abogada general del Estado, Consuelo Castro.
La abogada general del Estado, Consuelo Castro.

La Abogacía arremete contra el juez del "caso Ghali" e intenta salvar a Laya

Moncloa activa de nuevo a los Servicios Jurídicos del Estado para boicotear la investigación del magistrado Rafael Lasala. E intenta in extremis salvar al Gobierno de un mal trago.

| ESdiario España

Moncloa vuelve a la carga para tratar de sabotear la investigación judicial del caso Ghali. La Abogacía del Estado ha criticado al magistrado que investiga la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por consentir un "juicio paralelo" a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y su exjefe de gabinete Camilo Villano a través de presuntas filtraciones a la prensa.

 

En su recurso de apelación de 29 de septiembre, los servicios jurídicos del Estado han asegurado que se está llevando a cabo "la vulneración del derecho fundamental de los investigados a un proceso con todas las garantías" a través de la "pública difusión, parcial e interesada, de diligencias sumariales" por parte de la acusación particular, ejercida por el abogado Antonio Urdiales, y "con el consentimiento o beneplácito del magistrado instructor", que "ante los hechos denunciados nada ha acordado".

Es la segunda vez que la Abogacía reclama que se investiguen presuntas filtraciones. El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ya desestimó la petición en un auto de 17 de septiembre. En aquella ocasión, rechazó la solicitud al considerar que no había elementos que demostrasen dicha práctica por parte de la acusación particular.

El magistrado entonces recordó que "el efecto expansivo de la libertad de información frente al secreto sumarial se demuestra claramente con la reforma habida en el año 2015, cuando varió la calificación de actuaciones 'secretas' a 'reservadas".

En el mismo escrito, la Abogacía ha insistido en su petición de apartar a la acusación particular y a los denunciantes de la causa o, en su defecto, reclamarles una fianza de 150.000 euros, después de que el juez lo desestimara el pasado 17 de septiembre. Este recurso presentado por la Abogacía tiene lugar en el marco de la citación como imputada de la exministra Laya, quien deberá acudir presencialmente el lunes 4 de octubre a las 13.00 horas al juzgado de Zaragoza.