El Consejo de Estado alertó del guirigay legal que estaba creando Podemos

Podemos irrumpió en el Consejo de Ministros como un elefante en una cacharrería. Una de las primera leyes que presentaron los morados fue precisamente la llamada Ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como la del solo sí es sí que ahora ha supuesto la reducción de las penas para agresores y violadores, poniendo en el punto de mira a Irene Montero.

Pero el dictamen emitido por el Consejo de Estado al respecto de la norma ya puso sobre la mesa otro de los grandes problemas que generaba el Ejecutivo y en concreto, la parte dirigida por Podemos: la "inseguridad jurídica" que derivaba de la gran modificación de la legislación que estaba emprendiendo.

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En concreto, la institución hacía un análisis de la relación entre la "legislación anteproyectada y otras normas legales de protección a las víctimas", centrándose en la "dispersión normativa creada", una vez que la protección de los menores frente a actos de violencia sexual ya era un asunto tratado en la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, más conocida como Ley Rhodes.

Igualmente señalaba que numerosos aspectos de la norma de Irene Montero convergían con otras normas legales ya existentes, al tiempo que si iban a sumar otras nuevas como "una futura modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y la aprobación de una regulación legal ad hoc contra la trata".

Por ello, alertaba que esta "pluralidad de normas legales propicia indeseables solapamientos, duplicidades regulatorias y dificultades en la comprensión del alcance y la aplicación práctica de las distintas medidas, circunstancias todas ellas que, en último término, pueden mermar su eficacia", algo que ya había sido descrito por el CGPJ en su informe.

Así, el Consejo de Estado subrayaba "los gravísimos riesgos que para la seguridad jurídica, el principio de ultima ratio del Derecho Penal y la coherencia del ordenamiento jurídico supone la tramitación solapada de modificaciones de las normas penales propuestas por distintos departamentos ministeriales y sin una visión global que permita salvaguardar la congruencia de nuestro sistema penal y la proporcionalidad punitiva".

Y como muestra, solo hay que remitirse el informe del CGPJ sobre la Ley de Bienestar Animal tramitada por Ione Belarra, que entre otras cuestiones alerta de que se podría castigar más duramente maltratar o pegar a un perro que a una persona.

En concreto, la vocal progresista Roser Bach que ha elaborado el informe sobre estos cambios legislativos, indica que las pretensiones de la ley auspiciada por Belarra “pueden comprometer el principio de proporcionalidad” al dar el mismo tratamiento a los animales vertebrados que no requieran tratamiento veterinario con el delito leve de lesiones a las personas que no requieran tratamiento.

Por ello, desde el Consejo de Estado consideraron oportuno "acometer una labor de codificación o compilación del rico acervo de normas de protección a las víctimas de distintos tipos de actos violentos (delictivos o no), en orden a garantizar una mayor accesibilidad y comprensión de las medidas en ellas previstas, a través de una regulación unificada, armonizada, coherente y sistemática".

El Consejo de Estado criticó la "incesante sucesión de modificaciones del Código Penal de forma fragmentada y apresurada"

Así, consideraron "deseable" la intervención de la Comisión General de Codificaciónpara que "pudiera, en lo sucesivo, aportar racionalidad y coherencia ante la incesante sucesión de modificaciones del Código Penal de forma fragmentada y apresurada".

Y es que, con el paso del tiempo y una vez que están implantandose las normas elaboradas por el Gobierno los problemas están saliendo a la luz y todo por el afán de tener listas lo más pronto posibles unas normas que han terminado por convertirse en un desastre.