| 05 de Julio de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra

Podemos se queda sin coartada: Estrasburgo no vapulea a los jueces españoles

Los datos son contundentes. La justicia europea no enmienda sistemáticamente a los togados españoles como intenta hacer ver la cúpula morada.

| Andrea Jiménez España

Toda la cúpula de Podemos se ha lanzado en tromba contra el Poder Judicial tras la condena y posterior inhabilitación de Alberto Rodríguez por patear un policía durante una manifestación. De hecho, han avanzado que acudirán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para revocar la decisión del Tribunal Supremo.

Los morados ven en Estrasbrugo como una especie de contrapeso a la justicia española, de la que aseguran que está politizada y tendente a la ultraderecha, además, de inferir que existe una especie de persecución contra los líderes de Podemos que están siendo juzgados simplemente por el hecho de serlo, llegando a acusar a los jueces de prevaricar, como hizo la secretaria general del partido Ione Belarra.

 De hecho, consideran que la justicia española es una "vergüenza" porque "criminaliza la protesta y a quienes se meten en política para mejorar la vida de la gente", por lo que consideran que el TEDH es su tabla de salvación ante unos togados que "se arrodillan ante monarcas corruptos".

Sin embargo, las cifras de la última memoria publicada por el alto tribunal europeo desmienten la imagen que Podemos tiene de la Justicia española. De hecho, en 2020 el TEDH solo condenó a España en 9 ocasiones del total de los 871 asuntos despachados en todo el año.

De hecho, los españoles solo decidieron acudir en 10 ocasiones a Estrasburgo para dirimir asuntos con los que no quedaron satifechos ante las sentencias de los jueces, desmontando la teoría de Podemos de que es injusta y solo en 6 consideró que se había conculcado el "derecho a un juicio justo".

Rusia fue el país más condenado por Estrasburgo

Además, si se compara con el resto de países la situación sigue siendo claramente favorable a España. Rusia fue, con diferencia, el país europeo que más condenas recibió (173), la mayor parte de las cuales fueron en la categoría de "derecho a la libertad y la seguridad" y "derecho a un juicio justo".

Después siguieron Turquía (85), Ucrania (82), Rumanía (64), Azerbaiyám (37), Bulgaria (35), Hungría y Moldavia (28). Incluso la justicia francesa (10) y la italiana (14) tuvieron más sentencias condenatorias que la española.

Con esta cifra, el número de sentencias con al menos una violación por millón de habitantes ha sido en 2020 para España de 0,19. Esto sitúa a España en el puesto 14 de 47 países con valores más bajos, por detrás de Suecia, Mónaco, Liechtenstein, Luxemburgo, Holanda, Austria, Andorra, Reino Unido, Alemania, República Checa, Francia, Dinamarca, y Finlandia.

El TEDH dictó sólo cuatro sentencias en reclamaciones contra España, tres de ellas condenatorias en 2019

Pero si el foco se pone en año de 2019, se observa que el TEDH dictó sólo cuatro sentencias en reclamaciones contra España, tres de ellas condenatorias. El número de sentencias con al menos una violación por millón de habitantes fue en 2019 para España de 0,06, lo que ubicaba al país en el puesto nueve, por detrás de Alemania, Andorra, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, República Checa, Suecia y Holanda. Cabe destacar que en 2018, con 0,19 sentencias con al menos una violación por millón de habitantes, España ocupaba el lugar 14.

Además, y ya lejos de las estadísticas, no siempre la justicia europea se muestra favorable a las tesis de Podemos, que se consideran a sí mismos los grandes abanderados de los derechos fundamentales. De hecho, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló en febrero de 2020 las devoluciones sumarias -conocidas como devoluciones 'en caliente'- de migrantes en la frontera de Melilla a Marruecos considerando que son legales y no contrarias a los derechos humanos.

Junto a ello, el pasado mes de septiembre, tumbó las dos primeras denuncias contra España por la actuación de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Desde Estrasburgo establecieron que esas demandas son infundadas y considera que no se vulneraron los derechos fundamentales.