Sánchez teme una oleada de protestas masivas en la calle que le agüe la fiesta

A Sánchez le espera un 'otoño caliente'. Las movilizaciones en las calles contra sus medidas van en aumento ya que a los policías, -indignados con la derogación de la 'Ley Mordaza'-, o a los transportistas, -amenazados por la imposición de peajes-, se les suman los funcionarios de prisiones que han anunciado este martes que inician un encierro en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como "medida de presión y para desbloquear las negociaciones" con el equipo del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

El presidente de ACAIP-UGT, José Ramón López, y el responsable nacional de CSIF Prisiones, Jorge Vilas,  han explicado en un comunicado que "vuelven a encerrarse en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tres años después para mostrar su hartazgo" con una Administración que se ha mostrado "totalmente incompetente e inoperante para solucionar los problemas de la institución y mejorar las condiciones laborales de sus empleados".

El Gobierno, bloqueado ante la huelga de transportistas que amenaza la Navidad

De hecho, han afeado que en sus intervenciones parlamentarias, el ministro  suele responder a las críticas del PP en esta materia recordándole que cuando llegó a Interior "se encontró a los sindicatos encerrados" en la Secretaría General, por discrepancias con la anterior Administración, algo que ahora vuelve a ocurrir.

Los dos sindicatos entienden que esto supone una "vuelta al punto de partida" en las negociaciones después de que el pasado 20 de septiembre declararan el conflicto colectivo, solicitando la intermediación del ministro Fernando Grande-Marlaska.

Así, las organizaciones han pedido la dimisión del secretario general de la institución, Ángel Luis Ortiz, a la vez que demandan una retribución adecuada y la reclasificación de los centros, así como la declaración de agentes de autoridad. 

Los policías, en pie de guerra

Además, Marlaska tiene otro frente abierto. El enfado de los policías por la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana tendrá su culminación en una manifestación convocada para el próximo día 27 y que contará con el respaldo de los principales dirigentes del PP.

Todo ello después de que PSOE y Unidas Podemos hayan registrado un conjunto de enmiendas pactadas a la proposición de ley del PNV para derogar la denominada Ley Mordaza, aprobada por el PP en 2015, en las que, entre otras cuestiones, se propone la obligación de los agentes de avisar "de manera verbal claramente audible" antes de intervenir para disolver concentraciones.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska

Además, se ahonda en que los protocolos de uso de la fuerza y utilización de material antidisturbios, que es el "último recurso" en caso de registrarse incidentes en manifestaciones, deben emplear los medios "menos lesivos" que causen "lesiones irreversibles", aunque no se hace mención específica a las pelotas de goma.

Unas medidas que han sido acogidas con beligerancia por parte de los sindicatos policiales y asociaciones de la Benemérita, que creen que esta reforma "destruirá el principio de autoridad que sustenta la paz social". Tras una reunión con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, JUPOL, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, ha anunciado la convocatoria de una "gran manifestación en unión con todos los cuerpos policiales de España" en contra de la reforma, que se ha fijado para el próximo día 27.

Un rechazo que también comparten AUGC y SUP, organizaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que han emitido un comunicado conjunto anunciando un "frente común" contra la reforma, mientras que la CEP ha rechazado la tramitación "a espaldas" de los policías de las enmiendas.

Una huelga de transportistas

Además, junto al incendio en Interior, el alza de los carburantes y la futura implantación de peajes en las autovías, tienen en pie de guerra al sector del transportes que ya organiza huelgas de cara a las navidades. Planean para su actividad entre las 24 horas del día 19 de diciembre y las 24 horas del 22 de diciembre de 2021, en la que incluyenuna reivindicación histórica, prohibir que los conductores tengan que descargar las mercancías que transportan. 

A los profesionales se "se les ha agotado la paciencia" y avisan al Ejecutivo de que "solo un cambio radical y urgente por parte de Gobierno y clientes podría evitar este conflicto", que amenaza con ensombrecer unas navidades ya de por sí marcadas por el aumento de los precios y que podría provocar una falta de suministros en unas fechas tan señaladas si finalmente los conductores llevan a cabo la huelga.

Pero el Gobierno intenta contener esta revuelta alegando que algunas de estas peticiones se enmarcan en las "relaciones privadas" que tienen los transportistas con los cargadores, por lo que exceden las competencias del Gobierno, aunque la ministra del ramo, Raquel Sánchez, se ha ofrecido como "mediadora" para resolver todas estas diferencias.

Funcionarios de Justicia, este lunes frente al Ministerio exigiendo la dimisión de Llop.

También, en el ámbito de la Justicia hay más crisis abiertas, después de que los funcionarios de Justicia se hayan concentrado este lunes frente al departamento de Pilar Llop para denunciar sus incumplimientos salariales. 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y la UGT han reclamado a la ministra Pilar Llop la subida salarial pactada entre gritos de "mentirosa" y "morosa" ante el "bloqueo" de Hacienda al acuerdo logrado en materia de retribuciones y condiciones laborales para el personal de la Administración de Justicia.

El 14 de septiembre los cuatro sindicatos cerraron un acuerdo con los representantes del Ministerio. "Mes y medio después, Justicia se ha desayunado diciendo que es que Hacienda no le deja y que por lo tanto no se puede cumplir con ese acuerdo", han explicado.

Los sindicatos reclaman a Llop que cumpla con los 15.000 empleados públicos de la Administración de Justicia que están destinados en el ámbito de su competencia y que, además, "llevan 13 años sufriendo una gravísima discriminación respecto de sus compañeros destinados en comunidades autónomas con competencias que realizan el mismo trabajo, tienen la misma responsabilidad y, lo más importante, pertenecen a los mismos cuerpos nacionales".

El Ejecutivo ha aprobado una subida de las cotizaciones para rellenar la 'hucha de las pensiones' de forma unilateral con los sindicatos, huyendo de una nueva guerra

Mientras tanto, el Gobierno, consciente de todos los frentes que tiene abiertos ha preferido no seguir encendiendo los ánimos y mantener contentos a los principales sindicatos mayoritarios, pactando unilateralmente la reforma de las pensiones y aislando a la patronal.

De hecho, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá rubricó en la tarde de ayer un acuerdo con CC OO y UGT para establecer el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), sustituto del Factor de Sostenibilidad de la reforma del sistema de pensiones de 2013.

Mecanismo de Equidad Intergeneracional

El MEI constará de dos componentes. El primero consistirá en la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada 'hucha de las pensiones', mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032, como ha anunciado el Ministerio.

Esa aportación supondrá un aumento de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes, y estará repartida entre la empresa y el trabajador "con la misma distribución que en las cotizaciones sociales".

Su función será actuar como "válvula de seguridad" del sistema a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050. Si esto no ocurriera, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones, agrega el comunicado.

Un impulso a la reforma laboral

Además sobre la mesa sigue la cuestión más espinosa que tiene entre manos el Gobierno y que más fricciones ha supuesto en el seno de la coalición, la reforma laboral, a la que el Ejecutivo quiere dar un impulso. Por ello, a partir de la semana que viene Gobierno, sindicatos y empresarios celebrarán dos reuniones semanales, en lugar de una, según avanzó el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, hace unos días.

Hasta ahora, las tres partes se reunían sólo los miércoles. A partir de la semana que viene lo harán también los viernes, previsiblemente. En virtud del formato que ya se estrenó hace dos semanas, en la mesa estarán, por parte del Gobierno, los Ministerios de Trabajo, Asuntos Económicos, Hacienda, Seguridad Social y Educación.

Tanto sindicatos como empresarios han calificado la propuesta de creación del Mecanismo RED de "intervencionista", "poco flexible" y "farragosa"

La negociación llega esta semana a un punto crucial después del rechazo que ha generado entre los agentes sociales la propuesta del Gobierno para establecer en la legislación ordinaria una suerte de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), denominados Mecanismo RED, con algunas condiciones compartidas con los ERTE de pandemia.

Tanto sindicatos como empresarios han calificado esta propuesta de "intervencionista", "poco flexible" y "farragosa" y han pedido al Gobierno que la reconsidere si quiere conseguir un acuerdo que ahora mismo los agentes sociales ven complicado.

Así, Sánchez encara un otoño caliente con varios 'incendios' en marcha que irá intentando apagar como pueda. Y es que el descontento con las medidas del Gobierno sigue creciendo y las movilizaciones en la calle seguirán para aguarle las navidades al presidente.