Aprobado el informe del Consejo de Europa contra España en otro gol a Exteriores

Otro mazazo a la imagen exterior de España y otro fracaso de Moncloa y de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.  La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado el informe que reclama la reforma del delito de sedición y rebelión en España, así como el indulto o la excarcelación de los presos independentistas, así como la paralización de la extradición de Carles Puigdemont.

El dictamen, que no tiene carácter vinculante, ha sido aprobado por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. La sesión ha sido un auténtico varapalo para las delegaciones del PP y el PSOE, que han visto tumbadas todas sus enmiendas para rebajar el contenido del informe, especialmente aquellas que pedían eliminar la recomendación de retirar las euroórdenes o de paralizar las causas pendientes.

El texto aprobado, además de respaldar la decisión ya anunciada por el presidente del Gobierno de indultar a los presos y reformar los delitos de rebelión y sedición, defiende que "considere abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero que están buscados por los mismos motivos".

Asimismo, se plantea a las autoridades españolas que "se abandonen los procesos pendientes para cargos de rango inferior implicados en el referéndum inconstitucional de 2017 y no se sancione a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresan su solidaridad con los detenidos".

Fracaso del PSOE

El PSOE había pedido expresamente suprimir este punto. "Esto no puede hacerlo el Gobierno porque es una competencia judicial" y por tanto "sería contrario a la independencia del poder judicial, a la separación de poderes", ha defendido el senador socialista Antonio Gutiérrez Limones. "El Gobierno no puede incumplir una sentencia o una resolución judicial", ha recalcado.

Tampoco han prosperado las enmiendas formuladas por el PP, que ha insistido en que los políticos independentistas no fueron condenados por ejercer su libertad de expresión sino por sedición y malversación de fondos públicos tras un juicio con todas las garantías.

El diputado letón Boriss Cilevics, autor del controvertido informe, ha insistido en que las penas dictadas contra los líderes independentistas fueron "desproporcionadas" y ha defendido que se les puede indultar igual que se hizo con los autores del 23-F.

Cilevics ha defendido ante el pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa su informe ¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato? centrado expresamente en Turquía, y en la persecución del partido kurdo HDP, y en España y la situación en Cataluña.

Sánchez vende unos indultos que el independentismo rechaza en su cara

Aunque ha reconocido que "son dos países muy diferentes con culturas jurídicas distintas y problemas diversos", ha recalcado que "no se ha observado nada igual" en ningún otro de los 47 estados que componen el Consejo de Europa. Asimismo ha defendido que se trata de un "texto equilibrado" que busca defender los principios de democracia y Estado de derecho y no ceder "frente a los que quieren usar este informe para promocionar el separatismo".

Cilevics ha expresado sus "dudas" respecto a la interpretación amplia que tuvo que hacer el Tribunal Supremo del delito de sedición, puesto que no hubo un "elemento de violencia". "No digo que la organización de un referéndum no pueda en absoluto ser objeto de sanciones", ha añadido, insistiendo en que aunque hubo "claramente desobediencia" las penas fueron "desproporcionadas".

El PP: "Este informe crea un problema" 

Tras él han expuesto su postura los representantes de los grupos parlamentarios europeos, que se han dividido entre apoyos y críticas al informe.

Por parte del Partido Popular Europeo, la griega Theodora Bakoyannis ha defendido que no se puede situar a España y Turquía en el mismo informe porque son dos situaciones "totalmente distintas". A su juicio, Turquía tiene un problema de Estado de Derecho, algo que no sucede en España. "Si apoyamos este informe crearemos un problema", ha advertido la portavoz popular.

En este sentido, ha sostenido de que en España no se persiguen manifestaciones sino "actos ilegales" y ha recordado que la integridad territorial es "uno de los valores más preciados para una democracia". Además, ha subrayado que las condenas se produjeron por delitos de sedición, desobediencia y malversación, no por expresar opiniones. Y prueba de ello, ha apuntado, es que los partidos independentistas gobiernan ahora en Cataluña.

Ciudadanos queda en evidencia

En cambio, ha apoyado la concesión de indultos el representante de los liberales del grupo ALDE,  en el que está integrado Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Su portavoz, el francés Jacques Maire, ha reconocido que se produjeron actos contrarios a la Constitución, pero ha sostenido que las penas aplicadas fueron "desproporcionadas si se comparan con las acciones llevadas a cabo".

También se han manifestado a favor el representante de la izquierda europea, Tiny Kox, quien ha apuntado que España es "una democracia plena" en la que sin embargo "subsisten problemas". Por ello, ha calificado de "halagüeñas" las noticias sobre la concesión de los indultos en el Consejo de Ministros de este martes.

"Pecado original"

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha lamentado que el informe ponga en duda la libertad de expresión de los políticos en España y compare la situación con la de Turquía, si bien ha querido subrayar que el documento final ha sido matizado durante su tramitación y define como "fuerte, pleno, sólido" el Estado de derecho en España.

En declaraciones a la prensa tras participar en una reunión de ministros de Exteriores de la UE en Luxemburgo, González Laya ha querido diferenciar distintos elementos del informe porque a su juicio combina recomendaciones que "sonarán de algo" a cómo está gestionando el Gobierno de Pedro Sánchez la crisis en Cataluña -en alusión al "diálogo" o a los indultos-, con otras ideas "no muy coherentes" y "confusas", porque sugieren al Ejecutivo que se "inmiscuya en decisiones que competen al Poder Judicial".