Sánchez paralizado por la ofensiva contra el castellano en media España

El golpe al castellano en el propio territorio nacional es ya total. Desde hace unos años asistimos a una “batalla lingüística” por parte de diferentes territorios que imponen el uso de lenguas cooficiales frente al castellano. Primero fue Cataluña, imponiendo el catalán en las escuelas a pesar de que el Tribunal Supremo ha obligado a que un 25% de las asignaturas se den en castellano. 

La Generalitat de Cataluña respondió de forma ofensiva: habría más catalán y además se realizarán encuestas a los niños para saber cómo usan el catalán y si los profesores están impartiendo o no en castellano. “Se señala y se criminaliza a los que usan la lengua común”, apuntan desde organizaciones estudiantiles. 

Y la respuesta del Gobierno de España ha sido nula: la portavoz del ejecutivo, Isabel Rodríguez ha pedido a Pere Aragonés que cumpla la sentencia del Supremo pero no ha advertido al gobierno catalán con aplicar medidas si estos se resisten, como ya han dicho. De hecho, los independentistas han anunciado que profundizarán en la “inmersión” con nuevas propuestas, entre ellas, unas convocatorias de las autodenominaba cumbres sociales “por el catalán en la escuela”

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Unas concentraciones en las que se prevé que el 18 de diciembre diferentes organizaciones protesten frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Marchas encabezadas por el indultado Jordi Cuixart. Y no será la única manifestación protesta: la Generalitat respalda una convocatoria a principios de 2022 bajo el nombre de “Pacto Nacional por la Lengua”.

Un movimiento que ha copiado el gobierno de las Islas Baleares. Aunque el ejecutivo insular esté en manos de los socialistas con la presidencia de Francina Armengol, ésta ha hecho caso omiso al Supremo y ha amenazado con no asegurar un 25% de las clases en castellano. Y es que para el PSOE en Baleares, el modelo lingüístico de las islas "es fruto del consenso" y asegura que "no están sometidos" a Cataluña, aunque hayan seguido líneas de actuación muy semejantes.

El modelo lingüístico de las islas Baleares, para Armengol, "es fruto del consenso" y asegura que "no están sometidos" a Cataluña, aunque hagan lo mismo que la Generalitat

Después de estas dos comunidades vino el País Vasco, consiguiendo a través de Bildu que Sánchez cediese en la emisión del canal infantil de ETB, la televisión pública vasca, en Navarra. Una “euskaldunización” soñada por el independentismo vasco. Van por el buen camino si quieren lograrlo, ya que que se pueda emitir un canal vasco para niños navarros es fruto del apoyo del independentismo a las cuentas públicas de Sánchez. 

Tanto Bildu como PNV han logrado que el canal infantil en euskera de de la televisión pública vasca se vea en la Comunidad Foral con una audiencia irrisoria: menos del 0,2%. Según datos del propio Instituto Nacional de estadística (INE), el 78% de los navarros desconocen la lengua vasca, ni la hablan ni la entienden. 

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Un movimiento que la oposición ha criticado con dureza tildándolo de “adoctrinamiento" y que se suma a la imposición de Esquerra Republicana de que un 6% del contenido audiovisual de las plataformas de “streaming” deba estar en vasco, catalán o gallego. Otra de las exigencias sacadas al Gobierno a cuenta del visto bueno de los independentistas a los Presupuestos Generales. 

La última región en declararse en rebeldía frente al castellano no es, a priori, independentista: se trata de la Comunidad Valenciana, que con Ximo Puig a la cabeza, ha retirado los rótulos en castellano de las estaciones de metro. Además, el gobierno socialista ha aprovechado para retirar la parada dedicada al Rey Juan Carlos I, que pasará a llamarse Neptuno.

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El gobierno valenciano asegura que es un cambio para “mejorar la identificación” de las estaciones y “avanzar en la normalización lingüística”, aunque en la comunidad una amplísima mayoría de los habitantes hablan el castellano, además de valenciano. Eso sí, el gobierno de Puig no ha contestado sobre qué tiene que ver la identificación de las zonas con el cambio de la estación del Rey emérito Juan Carlos I.