Belarra azuza una nueva guerra para presionar a Sánchez por la ley de Vivienda

La preocupación en Unidas Podemos ante la posibilidad de que el ala socialista del Gobierno se abra a modificar la ley de vivienda tras el informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial ha aumentado. Por ello el Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra ya se preparan para presionar a Sánchez para no cambiar ni una coma del texto.

De hecho, Belarra ha iniciado una ronda de contactos con colectivos sociales para hacer frente común y defender los aspectos "más ambiciosos" de la futura Ley de Vivienda. Fuentes del departamento no ocultan su "preocupación" ante la posibilidad de que su socio de Gobierno, el PSOE, pueda "echarse atrás", ante un previsible dictamen "duro" del órgano judicial.

El 'rejonazo' de los jueces a Podemos en su nuevo informe de la ley de vivienda

Ante la situación generada por el pronunciamiento del CGPJ, el Ministerio abre esta ronda de contactos para mostrar a la sociedad la "urgencia de la Ley de Vivienda" y el "amplio respaldo" con el que contaría un texto "verdaderamente ambicioso en regulación de precios del alquiler y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional".

De esta forma, este martes se abren esos encuentros que incluirán a la Coordinadora de Vivienda de Madrid, el Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y los sindicatos CCOO y UGT, entre otros.

Unidas Podemos, contra el dictamen del CGPJ

El Ministerio vuelve a cargar las tintas contra los jueces recordando la situación "excepcional" del CGPJ, con un mandato "caducado" desde hace tres años para deslegitimar un dictámen que ha dejado claro que la norma invade competencias autonómicas, además de insistir en que algunas de las medidas planteadas ya se han demostrado poco efectivas.

Además, ahonda en que el órgano de gobierno de los jueces solo debe pronunciarse sobre la modificación de tres artículos de la ley de enjuiciamiento civil, para reprochar que "en ningún caso" le toca evaluar la constitucionalidad de la norma. Asimismo, indican que este informe es "preceptivo pero no vinculante". Es decir, que el Ejecutivo "no tiene ninguna obligación legal de asumir" su contenido.

Ayer la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, acusó al CGPJ de liderar la "reacción antidemocrática" contra el Gobierno de coalición con su postura ante esta ley. La semana pasada el espacio confederal avisó de que no aceptaría cambios en la normativa y reprochó al órgano judicial el haberse extralimitado en sus funciones.

Bolaños, dispuesto a modificar la norma

Sin embargo, este mismo martes, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado que el Gobierno "no se cierra" a modificar la Ley de Vivienda después de recibir el informe del CGPJ. Eso sí, ha defendido que el texto es "especialmente cuidados" con las competencias autonómicas. 

Sea como fuere, el departamento dirigido por Belarra ya está preparando la munición necesaria para presionar al ala socialista. Quiere a todos los colectivos afines en alerta, por si hay que iniciar una nueva ofensiva que impida aprobar una de las leyes estrella de Podemos, el legado de Pablo Iglesias.