Pedro Sánchez tiene plan B y C para sacar adelante sus polémicas leyes

Tenía prisas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por cerrar las reformas legales con las que él considera que se cierra el Procés y arranca una nueva etapa de pacificación en Cataluña. Esa sería la principal baza que pensaba presentar Sánchez ante el electorado, a finales de 2023 o quizás a principios de 2024.

Pero en su plan original Sánchez quería acometer las polémicas reformas del Código Penal que tanto enfadan a tantos dirigentes territoriales y ex dirigentes socialistas hace aproximadamente un año, en 2021. La pelea entre los negociadores del PSOE y los socios parlamentarios de ERC es el motivo por el que los planes de Sánchez se vieron alterados, ya que los independentistas se resistieron como gato panza arriba a admitir cualquier tipo de delito que tuviese que ver con los hechos acontecidos el 1 de octubre de 2017. 

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Pero Sánchez, que ha llegado muy lejos en su decisión de dar satisfacción a una parte del independentismo catalán, se negó a llegar tan lejos como le pedían en esta ocasión, puesto que en su fuero interno sabe que, probablemente, esta generación de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y todos aquellos que fueron a dar con sus huesos a la cárcel durante más de 3 años no lo volverán a hacer, por mucho que insistan en repetir machaconamente la consigna de “Ho tornarem a fer” (Lo volveremos a hacer).

No lo harán precisamente porque fueron a la cárcel, vieron cuál es la respuesta del Estado español, y no volverán a correr el riesgo de regresar allí, así sea con penas más bajas (hasta 5 años de prisión y 8 de inhabilitación) como recoge el nuevo tipo de “Desorden Público agravado” con el que “sustituyen” un delito de sedición que desaparece. 

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Del mismo modo que los socios (ya sean de Gobierno o socios parlamentarios) creen que “Sánchez no es de fiar”, como han trasladado en más de una ocasión a ESdiario, Sánchez es consciente (como también aseguran los suyos a este periódico) que su alianza con ERC es coyuntural y que los independentistas tampoco lo son. Pero es lo que tiene a mano y son quienes le permiten seguir en el Gobierno, frente a un PP que considera el presidente que “estaba en el monte” con Pablo Casado y sigue en el monte con Alberto Núñez Feijóo. 

Lo cierto es que a Sánchez le provoca urticaria pensar en cualquier alianza con el PP, como la gran mayoría de los españoles han señalado que les gustaría que sucediese cuando se lo han preguntado en múltiples sondeos de opinión. Lo demostró en su día, cuando se negó a permitir la investidura de Mariano Rajoy y lo echaron de su partido. Sánchez sigue en la misma línea años después y habiendo pasado por la presidencia del PP tres personalidades distintas. 

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En el PSOE están convencidos – tanto el viejo PSOE como, por supuesto, el sanchismo- que Pedro Sánchez ha logrado pacificar Cataluña, al menos por una generación. La discusión en el PSOE es el precio pagado e, incluso, en la “vieja guardia” temen cuál puede ser el precio a pagar en el futuro. A Sánchez y a su equipo más cercano lo que les preocupa es el día a día y, en este momento, es ganar la batalla que tienen planteada con el Tribunal Constitucional, por la renovación de este tribunal de garantías. 

Hay un choque de legitimidades en juego y muy pocos escrúpulos en el campo de la batalla jurídica. Pero en el entorno de Sánchez creen que, recurso a recurso y jugando con los plazos, la Ley que permitirá renovar el Tribunal Constitucional saldrá adelante.  De hecho y en esta línea, el PSOE ha presentado con nocturnidad dominical otros dos escritos de alegaciones ante el Tribunal Constitucional, que supondrían un nuevo retraso en la tramitación del recurso con el que los populares pretendieron paralizar la votación en el Congreso de los Diputados. 

Esta semana, los populares intentarán paralizar la votación en el Senado, pero la batalla está servida. Por si las moscas, el entorno de Sánchez asegura que tienen plan B y C, para impedir lo que consideran una intromisión intolerable y para acallar lo que llaman “el ruido de las togas”, mientras que, en el PP acusan al Gobierno de querer dar un “Golpe a la democracia”. Excesos verbales de unos y otros al margen, la calidad de nuestras instituciones se degrada por momentos, a imagen y semejanza de la calidad de los representantes del pueblo soberano, que anda más pendiente del fútbol y los polvorones que de la crisis institucional presente y de nuestros representantes.