El PP tuerce el plan de Sánchez con la amnistía: estará viva en plena campaña

La Ley de Amnistía, con la que Pedro Sánchez consiguió, tras perder las elecciones del 23J en favor de Feijóo, llegar a La Moncloa, ha comenzado el vía crucis en un Senado en el que el PP posee una sólida mayoría absoluta. Por de pronto, los populares han registrado este lunes en el Senado la solicitud formal para que la proposición de Ley Orgánica de Amnistía se tramite por el procedimiento legislativo ordinario, en lugar de por la vía urgencia utilizada en el Congreso presidido por la socialista Francina Armengol, lo que hará que la norma permanezca en la Cámara Alta un máximo de dos meses. 

Concretamente, la solicitud para abocar la amnistía a la lentitud del Senado, firmada por la portavoz del PP en la cámara, Alicia García, será estudiada este martes por la Mesa -en la que el PP cuenta con mayoría- y, además, de forma paralela a la calificación de la iniciativa. Los de Feijóo, tal y como trasladan fuentes consultadas por ESdiario, justifican la eliminación de la celeridad que venía persiguiendo el PSOE y sus socios en el Congreso por ser la amnistía una norma "de grave trascendencia constitucional, política y social", recalcan.

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Los informes solicitados por el PP

No solamente el retraso de la aprobación final de la medida de gracia -más bien de amnesia-, otrora calificada de "inconstitucional" por parte del mismo Gobierno que hoy día la promueve, es lo que persiguen los populares en el Senado. Aumentando, así, la agonía política de Sánchez con esta Ley.  También han reclamado al CGPJ y al Consejo Fiscal informes que evalúen una tan polémica como cuestionada norma que desde el PP abiertamente califican de "inconstitucional".

En esta línea, recuerdan los de Feijóo a este periódico, además, que uno de los objetivos que perseguía Pedro Sánchez registrando en el Congreso la amnistía como proposición de Ley -con la única firma del Grupo Parlamentario Socialista- y no como proyecto de Ley -que emana directamente del Gobierno- era, precisamente, "eludir los informes preceptivos" que obliga esta segunda forma de procedimiento legislativo: si Pedro Sánchez tramitara la amnistía como proyecto de Ley, el Ejecutivo estaría obligado a solicitar los informes del CGPJ, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. 

Sin embargo, cabe destacar, el fiscal general del Estado, García Ortiz, en un evidente acto para favorecer a Pedro Sánchez, remitió hace un mes una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, anunciándole el rechazo a elaborar el informe sobre la amnistía que pidió la Cámara Alta -al Consejo Fiscal- porque supondría, justificó, "alterar" el funcionamiento de las instituciones. En otras palabras, el fiscal general (recientemente acusado de ordenar la filtración de conversaciones privadas entre la defensa del novio de Ayuso y la Fiscalía) ha hurtado al Senado la posibilidad de conocer el informe del Consejo Fiscal que el Ejecutivo de Sánchez intentó eludir tramitando la amnistía como proposición de Ley en el Congreso. 

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El informe del CGPJ llegará en plena precampaña catalana

Lo que sí que se emitirá es el informe del Consejo General del Poder Judicial solicitado por los populares en el Senado. Y, todo indica, será demoledor contra la amnistía. Para mayor lamento de Sánchez, adicionalmente, tal y como ya han anunciado desde el CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces debatirá el informe sobre la proposición de Ley de Amnistía en el Pleno del próximo 21 de marzo. Es decir, tal informe sobre la Ley de Amnistía impactará en plena precampaña de las elecciones de Cataluña convocadas para el 12 de mayo.

En este sentido, tal y como ha confirmado ESdiario, una de las dos propuestas que se votarán en el pleno del CGPJ para calificar la Amnistía, incide en que "la motivación de la amnistía tiene, como causa directa e inmediata, el acuerdo de 9 de noviembre de 2023 entre el PSOE y Junts per Catalunya, de manera que la invocación a un pretendido interés general o se asimila con los intereses de ese acuerdo o se deja sin explicar, sin que quepa extraerlo de ninguna otra circunstancia". En suma, se pone de manifiesto en tal propuesta que "ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro Derecho", advirtiendo, por tanto, claramente de la inconstitucionalidad de la norma. 

Y no solo, muy posiblemente, el CGPJ. Los letrados del Senado, en el informe de la secretaría general, ya han advertido de que la ley de amnistía supone "una reforma constitucional encubierta" y que se trata de una "invasión del contenido esencial de varios derechos fundamentales y de la separación de poderes, que son las dos notas características del concepto de Constitución". 

En conclusión, la medida de gracia estará de plena actualidad en la precampaña y campaña de las elecciones en Cataluña, para desgracia estratégica de Pedro Sánchez.