Colegio de Abogados denuncia a la Fiscalía por filtraciones del novio de Ayuso

La semana el pasada el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) anunciaba que tomaría acciones legales contra la Fiscalía Provincial de la capital por el caso de Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y la investigación que está sufriendo por un presunto delito de fraude fiscal. Dicho y hecho. Ha sido este lunes, tras la Junta de Gobierno de este organismo, cuando han confirmado y anunciado que denunciarán a la Fiscalía por la revelación de datos confidenciales en este proceso que investiga las acciones de la pareja de la presidenta madrileña.

Así lo ha anunciado su decano, Eugenio Ribón, destacando que son dos los supuestos delitos que pivotan sobre la actuación de la Fiscalía Provincial de Madrid en este caso como es la violación del secreto y la infidelidad en la custodia de documentos, ambos tipificados en el artículo 417 del Código Penal.

🔴Declaración Institucional de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid tras el comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid revelando comunicaciones con un abogado.

🗣️@eugenioribon: "Ante este suceso la J.Gse ha reunido para tomar las acciones… pic.twitter.com/dUud0xPVhn

— Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (@icam_es) March 18, 2024

Concretamente hacen referencia a un hecho concreto y se trata de una nota informativa emitida desde la Fiscalía en la que revelan el supuesto ofrecimiento de un pacto por parte del abogado defensor de Alberto González en el marco de las diligencias de investigación relacionadas con un presunto fraude fiscal. Algo que iría contra la norma, que prohíbe revelar este tipo de conversaciones. 

Califican el caso de "extrema gravedad" y “una vulneración sin paliativos del artículo 4 del Estatuto Orgánico”. Y es que se revelan datos concretos y se detallan en dicha nota fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello "una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".

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De hecho son varias las normas que se habrían saltado: desde el artículo 22 del Estatuto de la Abogacía, que establece que "el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendido"; hasta el artículo 4,5ª del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, destaca "el límite de la obligación de informar por parte del Ministerio Público, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo".

Un Ministerio en este caso de Hacienda dirigido por María Jesús Montero que, curiosamente, supo de la publicación de la noticia más de cuatro horas antes de que se publicaran, de manera sospechosamente coordinadas, en los medios más afines al Gobierno. Algo que levantó las sospechas aún más sobre la encargada de esta cartera, a la que acusan de poder haberse saltado las normas haciéndose valer de su posición y haber filtrado datos personales de un ciudadano gracias precisamente a su alto cargo.