Sánchez obliga al Rey a firmar una ley que acusa al PP de desmantelar libertades

Pedro Sánchez ha obligado al Rey a firmar una norma que en su preámbulo ataca literalmente al PP, al que acusa de "desmantelar" libertades. Se trata de la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado y que acaba con las penas de cárcel para los piquetes que de forma violenta intenten evitar que los trabajadores acudan a sus puestos de trabajo, si así lo desean, cuando se convocan huelgas.

En el preámbulo de la norma está cargado de connotaciones políticas que podrían formar parte de cualquier mitin de Podemos, un alegato al sindicalismo más radical y en contra de la reforma laboral emprendida por el PP, al que cita textualmente y sin ningún tipo de pudor, obligando a Felipe VI a rubricarla.

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 Así, se especifica que "desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno".

La norma, muy jaleada desde la izquierda desde su aprobación ya que permite a los piquetes informativos realizar cualquier acto para impedir que los trabajadores puedan ejercer su derecho a decidir si quieren o no secundar una huelga, añade, además, que "la reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor".

Siguiendo con esos mismos términos, asegura que el PP se dedicó a "desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno".

Para más inri, la norma añade que estas normas puestas en marcha por los gobiernos populares no se ajustan "ni a las previsiones de nuestro sistema constitucional ni a las obligaciones que tiene España como signataria de los distintos textos nacidos en la Organización Internacional del Trabajo".

Pero además, y siguiendo la norma marcada por Podemos, en el mismo texto se señala directamente a los jueces como responsables de este desmantelamiento de la libertades por su "interpretación del delito, que amplió su aplicación en sentido contrario a cómo debería interpretarse".

La ley fue aprobada definitivamente en el Senado pese al veto del PP y Vox

Esta norma, que fue aprobada definitivamente el pasado 14 de abril en el Senado,  deroga el artículo 315.3 del Código Penal, que castigaba con hasta tres años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionen a otros trabajadores a seguir una huelga. 

Salió adelante con 139 votos a favor, 106 en contra y 14 abstenciones después de que se rechazasen las dos propuestas de veto presentadas por PP y Vox, partidarios de mantener un tipo penal específico.

Los sindicatos jalearon su aprobación ya que, a su juicio, "criminalizaba el derecho a huelga", pero se ha convertido en todo un alegato político en contra el Partido Popular y que el Rey, queriendo o no, ha tenido que rubricar por orden de Sánchez y sus socios.