Moncloa contiene la respiración: Acera y Vallés declaran como testigos y podrían pasar a imputados por la filtración del novio de Ayuso

La investigación sobre la filtración de datos personales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, entra en una fase clave. Este miércoles comparecen como testigos Pilar Sánchez Acera, exdirectora de Gabinete de Óscar López, y Frances Vallés, exsecretario de Estado de Comunicación, en un proceso judicial que amenaza con escalar hasta las más altas instancias del Gobierno de Pedro Sánchez.

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ya apuntó en un auto demoledor que el correo electrónico con información sensible sobre González Amador tuvo "salida" desde la Fiscalía y "destino" en "Presidencia del Gobierno". Según el juez, desde allí se habrían realizado "gestiones" para que la información acabara en los medios de comunicación. Esta afirmación ha intensificado las sospechas de que la filtración fue orquestada desde el Ejecutivo con un objetivo político.

La situación de Sánchez Acera es especialmente significativa. Lejos de haber sido apartada de su cargo tras conocerse estos hechos, ha sido promovida a secretaria de Organización del PSOE de Madrid, lo que genera dudas sobre el grado de conocimiento y respaldo dentro del partido a su actuación. Por su parte, Vallés, como responsable directo de la comunicación gubernamental en aquel momento, también está en el foco de las pesquisas.

A esto se suma la reciente entrevista concedida por Juan Lobato, entonces líder de los socialistas madrileños, a quien el ministro Óscar López ha relevado en el cargo. En sus declaraciones, Lobato ha reconocido que la información sobre González Amador le llegó a través de "una colaboradora que trabajaba con él en ese momento y en Moncloa". Todo apunta a que se refiere a Pilar Sánchez Acera, lo que refuerza las sospechas sobre su papel en la filtración y podría complicar aún más su situación judicial.

Las declaraciones de ambos testigos podrían determinar si la investigación da un giro y se abre la puerta a futuras imputaciones. De confirmarse que la información salió de Moncloa con una intención deliberada de dañar a Ayuso a través de su pareja, se estaría ante un escándalo de enormes proporciones, con posibles consecuencias legales y políticas para altos cargos del Gobierno.

En un contexto de creciente polarización política, este caso no solo aviva las tensiones entre el Ejecutivo y la oposición, sino que también pone en entredicho la utilización de los recursos del Estado con fines partidistas. La estrategia del PSOE ante el avance judicial será determinante en los próximos días, mientras la oposición ya exige responsabilidades y transparencia.

El futuro de Acera y Vallés, así como el posible impacto de esta causa en el Gobierno de Pedro Sánchez, dependerá en gran medida de lo que ocurra en las declaraciones de este miércoles. Moncloa, consciente de lo que está en juego, contiene la respiración. ¿Por qué? Porque el siguiente escalón tras Pilar Sánchez Acera es el del ahora ministro Óscar López. El siguiente sería el del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.