La jueza interroga hoy a los peritos de Hacienda por el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso
Los peritos de la Agencia Tributaria que detectaron el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, declaran este viernes ante la jueza de Instrucción número 19 de Madrid. La investigación, que se centra en supuestos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, sigue avanzando tras la negativa del empresario a declarar en febrero.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.
Este viernes, la jueza Inmaculada Iglesias interroga a los peritos de la Agencia Tributaria que descubrieron el presunto fraude fiscal atribuido a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y a otros cuatro investigados.
La citación de los expertos fiscales se produce después de que el pasado 24 de febrero González Amador se acogiera a su derecho a no declarar ante la jueza, a la espera de que se resolviera un recurso sobre la apertura de una pieza separada en la investigación. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid avaló la instrucción de otros posibles delitos, lo que ha permitido que la causa siga avanzando.
¿De qué se le acusa?
El informe de la Agencia Tributaria sostiene que se habrían utilizado gastos ficticios basados en facturas de varias sociedades para reducir el pago del Impuesto de Sociedades en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. En concreto, según el auto judicial:
- En 2020, el presunto fraude ascendería a 155.000 euros.
- En 2021, la cantidad defraudada sería de 195.951 euros.
Estos hechos estarían tipificados como delitos contra la Hacienda Pública, recogidos en el artículo 305.1 del Código Penal, además de un presunto delito de falsedad documental.
El papel de la Agencia Tributaria y la Fiscalía
El origen de la investigación se encuentra en un informe remitido por la Agencia Tributaria a la Fiscalía hace un año, en el que se detallaban indicios de fraude fiscal en la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, vinculada a González Amador.
El informe advertía de la existencia de facturas que no se correspondían con servicios realmente prestados, lo que permitió que el empresario pagara menos impuestos de los que le correspondían.
El Ministerio Público investigó el caso y presentó una denuncia en la que señalaba que las cantidades presuntamente defraudadas superaban los 120.000 euros, el umbral a partir del cual se considera delito fiscal.
Próximos pasos en la investigación
Con la declaración de los peritos de la Agencia Tributaria, la instrucción del caso sigue su curso. La jueza deberá determinar si hay suficientes pruebas para continuar con la imputación de González Amador y los demás investigados o si archiva el procedimiento.
Mientras tanto, este caso sigue generando un fuerte impacto político, dado el vínculo del empresario con Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha defendido públicamente a su pareja, denunciando una supuesta campaña en su contra, mientras que la oposición reclama explicaciones y transparencia sobre el caso.