Reparto de menores
Aragón recurre requerimiento estatal sobre datos de menores tutelados
El Gobierno de Aragón ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia que solicita información detallada sobre el número de menores atendidos en la comunidad autónoma. Además, ha solicitado medidas cautelares contra dicha medida.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.
El recurso ha sido presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo central había establecido el 31 de marzo como fecha límite para que las comunidades autónomas informaran sobre su capacidad de acogida de menores migrantes y el número actual de menores bajo su tutela.
Esta acción se suma a la postura crítica del Gobierno aragonés respecto al Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece el reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas. El Ejecutivo autonómico ya había anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma, argumentando que no se tuvieron en cuenta las necesidades de las comunidades ni los recursos necesarios para la acogida de los menores.
">Ante la incapacidad del Gobierno de Sánchez para gestionar las políticas de inmigración, este @GobAragon seguirá trabajando por Aragón.
— Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) March 28, 2025
Hoy mismo, interpondremos un recurso contra el requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia de aportar información sobre el número de… pic.twitter.com/eJvGThu9l4
La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha manifestado que estas medidas "vuelven a dinamitar los principios de igualdad y solidaridad", criticando que no se haya alcanzado un acuerdo previo con todas las comunidades autónomas, como es habitual en estos casos.
Por su parte, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha reiterado que Aragón "no ha incumplido nunca la Ley", pero solicita que las reglas sean iguales para todas las comunidades y que se homogeneicen los criterios para poder trabajar en un contexto común.
La situación refleja la tensión existente entre el Gobierno central y algunas comunidades autónomas respecto a la gestión y reparto de menores migrantes no acompañados, evidenciando la necesidad de un diálogo y consenso que atienda tanto al interés superior de los menores como a las capacidades y realidades de cada territorio.