Madrid planta cara al Gobierno y acudirá a los tribunales por la falta de financiación de la Ley de Eficiencia Judicial

La tensión entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid vuelve a escalar. Esta vez, el motivo es la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, también conocida como Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Según ha denunciado este lunes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, la norma estatal ha sido impuesta sin consultar a las comunidades autónomas con competencias en Justicia y sin garantizar los recursos necesarios para su aplicación.

"Nos vemos obligados a acudir a los tribunales para defender los intereses de los madrileños", ha afirmado García Martín durante un encuentro informativo organizado por Europa Press. El consejero ha explicado que el coste estimado de implementar esta ley en Madrid asciende a 43 millones de euros, una carga que, insiste, no puede ni debe asumir la región en solitario.

Desde la Comunidad de Madrid se argumenta que el Gobierno está incumpliendo el principio de lealtad institucional, que obliga al Estado a evaluar y compensar el impacto económico de nuevas leyes sobre las administraciones autonómicas. Ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo central, la Comunidad ha enviado un requerimiento formal previo a la vía judicial. Si no hay cambios, presentarán un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

Además, García Martín ha enviado una nueva carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, exigiendo la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Justicia para abordar, entre otros asuntos, la financiación de la ley. “Esta norma no ha sido consensuada ni con las comunidades ni con el Poder Judicial. No es una cuestión política, es una cuestión de responsabilidad institucional”, subrayó el consejero.

Con este paso, Madrid se convierte en la primera comunidad autónoma en plantar cara judicialmente al Gobierno por esta ley, marcando un nuevo episodio en el ya complejo mapa de relaciones institucionales entre administraciones.