Los tribunales limitarán las decisiones políticas de Pedro Sánchez y Feijóo

A seis semanas del acontecimiento político más importante del primer semestre de 2025, el Congreso extraordinario del PP, el Poder Judicial han entrado como cuchillo en mantequilla en la agenda política, abarcando al PSOE y al PP, condicionando así la actualidad en los meses previos a las vacaciones de verano.

La apertura de juicio oral en la causa que afecta al hermano del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo y nueve personas más es el primer episodio de un rosario de decisiones judiciales que impactarán con distinta intensidad y consecuencias en la política española.

El calvario presidencial sigue adelante, dado que el juez Peinado ha alargado la causa contra Begoña Gómez medio año más, y están pendientes de declarar el presidente de Telefónica, Marc Murtra, el empresario Rosauro Varo y cinco testigos, que lo harán en las próximas semanas.

El “caso Koldo”, con sus ramificaciones más allá de la causa de las mascarillas, ha abierto un cuestionamiento de las investigaciones de la UCO, siempre bajo las órdenes del juez Hurtado, que han provocado la indignación de varios ministros y de Ferraz, que piden al ministro Marlaska un control –vía cambios legislativos urgentes- para que la unidad de élite de la Guardia Civil no actúe al margen del ministro del Interior.

Aunque por el momento no hay previstas nuevas declaraciones, varios medios tienen en la “nevera” distintos dossiers y filtraciones que afectarán -según se dice en los corrillos periodísticos- a la cúpula de Ferraz, particularmente a Santos Cerdán, convertido en la pieza más codiciada de la oposición para destituir a Sánchez.

Mazón a Feijóo y “residencias” para Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, postergada sorprendentemente del Congreso del PP del 4 y 5 de julio próximos, aparecía a los ojos de muchos dirigentes del Partido Popular como el contrapunto a un presidente Núñez Feijóo en problemas, atrapado por la demoledora “sombra” de Carlos Mazón.

Libre de marcaje, la presidenta Díaz Ayuso afrontaba el Congreso de su partido como alternativa indiscutible a una sucesión en el liderazgo del PP, una vez que Núñez Feijóo hubiera disparado su “bala de plata”; y, siempre en el supuesto de que no llegara a La Moncloa en las próximas elecciones generales.

El abogado del novio y las residencias

Cuando parecía que el “incendio” de la pareja de Ayuso estaba sofocado y encauzada la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, saltó hace pocas horas una noticia que vuelve a colocar a la presidenta madrileña en el “ojo del huracán” mediático: su novio, González Amador se ha desvinculado del correo enviado a la fiscalía por su abogado, desautorizándole.

Sin salir de la causa que afecta a la pareja de Díaz Ayuso, el próximo 27 de mayo el abogado de González Amador –Carlos Neira- tendrá que comparecer en el Supremo en calidad de testigo, al haber sido este letrado quien envió un correo electrónico al Fiscal que investigaba el fraude fiscal de la pareja de la presidenta, ofreciendo reconocer el delito a cambio de un pacto con la fiscalía.

Apenas unas horas antes del tsunami provocado por Gonzalez Amador, una jueza madrileña anunciaba la imputación de dos altos funcionarios de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur y Javier Perdomingo, y del exasesor de Ayuso, Antonio Burgueño, que tendrán que declarar a partir de este lunes como investigados (no obligados a decir verdad) por el “caso residencias”.

La DANA y Mazón

La investigación por las responsabilidades de la Generalidad valenciana en la DANA no ha hecho más que empezar, y todas las partes personadas están convencidas de que Carlos Mazón será imputado por la jueza instructora, si bien los 40 letrados que intervienen en el caso dan por sentado que la imputación del presidente valenciano no será efectiva antes de finales de 2025.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra instruye con pies de plomo para que otra instancia judicial no la arrebate este caso, uno de los más mediáticos de los últimos años. Estamos hablando de una macrocausa que no se sustanciará antes de 2028.

Alarma en Moncloa por la Sala Segunda del Supremo

En su órdago de hace un año, el presidente del Gobierno anunció “medidas” para combatir los bulos, la desinformación, y hacer cambios en la esfera judicial. Como sucede siempre con Sánchez, puede manejar los tiempos, pero no desiste de sus objetivos; y, de hecho, el llamado Anteproyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación sigue su tramitación.

En paralelo, el ministro Bolaños intenta cambiar los métodos de acceso a la judicatura y la fiscalía, “para romper el vicio de origen que condiciona las posiciones conservadoras del poder judicial en España”, según la versión oficial del Gobierno.

La reforma judicial que ha lanzado el titular de Justicia, Félix Bolaños, se ha encontrado con el rechazo prácticamente unánime de las asociaciones gremiales de jueces y fiscales, que han llamado a un paro de diez minutos de duración el próximo 11 de junio.

Siendo trascendentales para Sánchez las reformas que afectan a los Medios de Comunicación, periodistas, jueces y fiscales, donde tiene fijada la máxima atención el Gobierno es en la negociación en marcha dentro del Tribunal Supremo para elegir la presidencia de la Sala Segunda, dado que sería el órgano que podría imputar al presidente del Gobierno y provocar su inhabilitación.

El PSOE no va a permitir que la Sala sea presidida por magistrados o magistradas que tengan la tentación de (llegado el caso) imputar a Pedro Sánchez. A fecha de hoy, los candidatos que pugnan por presidir la Sala son el magistrado Martínez Arrieta (conservador) y Ana Ferrer (progresista).

El Gobierno está profundamente preocupado por las últimas votaciones en el seno del Supremo, con el alineamiento inesperado de la presidenta, Isabel Perelló (progresista) y del vocal Preciado (también progresista), que han sumado sus votos a los magistrados conservadores.

En Moncloa han saltado todas las alarmas, y Bolaños está gestionando día y noche, por tierra, mar y aire, asegurar la lealtad gubernamental del futuro presidente o presidenta de la Sala Segunda. Sin concesiones ni medias tintas.