Las comunidades del PP se plantan: no admitirán una Conferencia de Presidentes a medida de Sánchez

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han dado un paso al frente y han decidido plantarse ante lo que consideran una maniobra del Gobierno central para imponer su agenda en la próxima Conferencia de Presidentes, prevista para el 6 de junio de 2025 en Barcelona. En un movimiento conjunto, Andalucía, Madrid, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Galicia, Cantabria, Baleares, Ceuta y Melilla han presentado una carta en la que exigen la inclusión de ocho puntos clave en el orden del día, dejando claro que no aceptarán un encuentro diseñado a la medida de los intereses de Pedro Sánchez.

El mensaje es rotundo: las autonomías populares no están dispuestas a participar en una cita que consideran un “escaparate político” del Gobierno socialista, sino que demandan un debate serio sobre cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos y a la gestión autonómica. Según fuentes del PP, el Ejecutivo central pretende limitar la agenda a temas que refuercen su narrativa política, ignorando los problemas estructurales que las comunidades enfrentan a diario.

Entre los puntos exigidos destaca la reforma del sistema de financiación autonómica, un tema que lleva años enquistado y que las regiones del PP consideran urgente. Solicitan, además, una actualización inmediata de las entregas a cuenta y la retirada del proyecto de ley de condonación de deuda, que ven como un agravio comparativo entre territorios. Otro asunto crítico es el acceso a la vivienda, con medidas concretas para combatir la ocupación ilegal y la “inquiocupación”, un problema que afecta especialmente a comunidades como Madrid o Valencia.

La seguridad energética también ocupa un lugar central en las demandas. Las autonomías populares piden un nuevo plan energético que garantice inversiones en las redes de Red Eléctrica Española (REE) y en energías de respaldo para evitar apagones como los que han generado caos en el pasado. En materia de inmigración, exigen que el control de fronteras sea competencia exclusiva del Estado, criticando la gestión actual del Gobierno central.

Asimismo, las comunidades del PP reclaman inversiones en infraestructuras críticas para resolver el “caos ferroviario” y garantizar un transporte público eficiente, así como medidas para paliar el déficit de profesionales sanitarios y financiar adecuadamente la dependencia. También piden la retirada de los proyectos de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal, considerados por el PP como un intento de politizar la justicia, y una mayor financiación para el primer ciclo de educación infantil.

Esta ofensiva coordinada de las autonomías populares pone en jaque la estrategia del Gobierno de Sánchez, que buscaba una Conferencia de Presidentes centrada en sus prioridades políticas. Las comunidades del PP advierten que, si sus demandas no son atendidas, podrían replantearse su participación en el encuentro. Este pulso evidencia la creciente tensión entre el Ejecutivo central y las regiones gobernadas por el PP, que se niegan a ser meras espectadoras en un foro que consideran esencial para abordar los retos reales de España.