Exclusiva
Once ministros de Sánchez y cuatro barones ficharon a Acciona pese a sus deudas estatales
La filial investigada tiene saldos acreedores con Hacienda y Seguridad Social desde 2018. Montero validó que estaba al corriente y le adjudicó más de 178 millones
Pedro Sánchez y María Jesús Montero.
El juez Puente busca mordidas en contratos de Acciona Construcción bajo unos capos que identifica en Cerdán, Ábalos y Koldo.
Pero omite un daño mayor al erario público: no debió recibir ninguna adjudicación del PSOE desde 2018 porque incumplía la ley de contratos públicos. Arrastra deudas con Hacienda y Seguridad Social desde 2018 hasta al menos 2023.
Y la ley exige estar al corriente de pagos con el estado para ser contratada. Este requisito no sólo lo ignoraron dirigentes socialistas afines a Cerdán como Chivite o Ábalos, sino un largo listado de cargos sanchistas como Puente, Raquel Sánchez, Montero, Maroto, Robles, Torres, Armengol, Aagesen, Lambán, Puig, Marlaska, Ribera y Óscar López...
Supone una tolerancia sistémica de Sánchez con la morosidad. Y la premia con contratos.
Crucifica al novio de Ayuso por impago de 350.000 euros pero bendice una firma que adeuda 80 millones a las arcas públicas. Tal deuda estatal la registran todas sus cuentas.
En 2018 debía 56,5 millones. Incluía 30 millones de IVA, 4,6 millones de retenciones de IRPF no abonadas -algo que puede ser delito- y 5,5 millones de cuotas de Seguridad Social impagadas. Y, aparte, registraba un pago diferido de otros 21,4 millones de impuestos.
En 2019 creció el agujero moroso: 61, 4 millones. 5 millones más de IVA adeudado y similares impagos de retenciones de IRPF y Seguridad Social de sus obreros. En 2020 la deuda con las arcas públicas descendió a 39 millones, pero en 2021, se elevó a 40 millones. Seguía acumulando retenciones de IRPF (4,3 millones) y cotizaciones sociales (5,7 millones). 23 millones de IVA. Y 25 millones de impuestos diferidos. Hacienda dejaba de cobrar más de 50 millones.
En 2022 su impago a las arcas públicas da un salto: 58 millones. El IVA adeudado sube a 29,6 millones; las retenciones de IRPF impagadas a 11 millones; y las cuotas de Seguridad Social no abonadas a casi 8 millones.
Y en 2023 bate récord: debe a las administraciones casi 82 millones, incluidos impuestos por operaciones en el extranjero (21 millones). Casi lo mismo que le adjudica ese año Chivite, 78,6 millones, bajo sospechas de amaño.
Las retenciones de IRPF impagadas ascienden a 13,5 millones; el IVA adeudado a 37 millones; el agujero con la Seguridad Social a 9,6 millones.
Y suma impuestos diferidos acreedores por 38,7 millones. Montero deja de ingresar 88 millones por ambas vías.
¿Ésta era la oferta que debía ganar el túnel de Belate? Según la ley, los funcionarios deben verificar si la firma vencedora está al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social.
Aquí no cabían puntuaciones subjetivas. O estaba al corriente o no. Y no lo estaba. Pero la ley de contratos públicos no rige para el PSOE. Y esta filial de Acciona racanea al fisco en un año que factura más de 2.000 millones.
Hacienda ya denunció su morosidad en 2021. Le urgió el pago de una deuda de 2,7 millones de 2013 a 2017 por impuesto de sociedades.
Este currículo tributario no ha impedido su multimillonario riego por el sanchismo. Véase una muestra no exhaustiva de sus logros sola o en utes.
En 2025 recibe 2,6 millones de Navantia, que controla Montero. 25 millones de Puente y 22 millones de Transición para reparar el barranco del Poyo que rehusó encauzar antes de la DANA a sabiendas de su peligro.
En 2024 recauda de Puente casi 100 millones. Y 74 millones de Hacienda.
En 2023 obtiene de Fomento (Puente y Raquel Sánchez) más de 107 millones. Más 50 millones de Navantia (Montero). 78 millones de Chivite. 18,7 millones del gobierno valenciano de Ximo Puig. 12,6 millones directamente de su acreedora, Hacienda. Y 60 millones de Ribera.
En 2022 Fomento, bajo Raquel Sánchez, le adjudica más de 76 millones. Y añade 12 millones del gobierno balear de Armengol.
En 2021 Fomento, a lomos de Raquel Sánchez y Ábalos, le otorga más de 37 millones. Ribera le inyecta 23 millones. Y Puig inyecta 4,9 millones.
En 2020 Ábalos le adjudica más de 94 millones. El Gobierno canario de Torres suma 24 millones. El Gobierno balear de Armengol añade 2,6 millones. Equipamientos Penitenciarios, dependiente de Hacienda e Interior, le aporta 41 millones. Y Ribera 40 millones.
En 2019 Ábalos le brinda contratos por 167 millones. Más 600.000 euros de Hunosa (Hacienda) y 5,8 millones del Gobierno socialista de Aragón. Más 15,4 millones de Industria (Maroto).
En 2018, bajo mandato socialista, Fomento le otorga 10 millones. Paradores, con Óscar López, 2,7 millones. El Ayuntamiento de Valladolid, comandado por Puente, 1,8 millones. Y Robles la ficha por 4,6 millones.
Este diario ha solicitado la versión de Acciona: ¿Cómo pudo ser contratada durante años si incumplía la ley de contratos? La pregunta vale para cuatro presidentes autonómicos del PSOE (Chivite, Puig, Armengol y Lambán) y 11 ministros (Ábalos, Raquel Sánchez, Puente, López, Robles, Montero, Aagesen, Torres, Marlaska, Ribera y Maroto).
La respuesta de Acciona es la siguiente: "ACCIONA y sus filiales están y han estado siempre al corriente de todas sus obligaciones con ambas entidades. Así lo reflejan sus cuentas anuales, sus informes de auditoría y los distintos certificados que, al respecto, regularmente emite la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social.
En todos los procesos de licitación en los que participa la compañía, tal y como exige la ley a todas las compañías participantes, ACCIONA entrega la correspondiente documentación que así lo certifica".