Sánchez identifica al poder judicial como su principal adversario

En Moncloa ya se preparan para comer el turrón un año más, con la vista puesta en alcanzar la segunda Legislatura: dan por hecho que el “frente político” está bajo control, visto que los socios de Gobierno no quieren dinamitar la Legislatura, y el PP habría tocado techo electoral con la ultraderecha en constante progresión.

Sánchez ha identificado el Poder Judicial como el verdadero adversario, tanto en el tiempo que reste de Legislatura como en el horizonte de los años venideros. Sánchez, la izquierda y los nacionalistas formarán “piña” en esta ofensiva, con el argumento de que la Democracia ha logrado atemperar el poder que un día tuvieron las FAS, las grandes empresas o la Iglesia Católica, pero los jueces siguen “intocables”.

El Gobierno y las fuerzas coaligadas se opondrán firmemente a cambiar los criterios de prevalencia de los jueces y sus asociaciones en la elección de miembros del CGPJ, enfrentándose -si es necesario- con los criterios que trate de imponer Bruselas.

El miércoles 15 y el jueves 16 de septiembre tienen anunciada su visita a Madrid varios miembros de la Comisión de Venecia, tres relatores que insistirán en el cambio de modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El ministro Bolaños tendrá la misión de “torear” a los relatores, viejos conocidos del Ejecutivo porque también están elaborando informes sobre la Ley de Amnistía y su paso por el Tribunal Constitucional. Los enviados de la Comisión se entrevistarán con una mayoría de instituciones que hacen oposición a Sánchez en todos los frentes, de modo que el informe que debatirá la Comisión de Venecia los días 9 y 10 de octubre será, previsiblemente, un nuevo “palo” para el Ejecutivo de Sánchez.

Batería legislativa y mediática para neutralizar a los jueces

En ese contexto de adversidad para el Ejecutivo, el ministerio de Justicia va a acelerar en las próximas semanas la tramitación de la llamada Ley de Eficiencia, que será la respuesta política del PSOE y sus socios a un escenario que en Moncloa califican de “acoso judicial” a personas del entorno del presidente del Gobierno.

Los socialistas evalúan como un “fiasco” el resultado del acuerdo con el PP que alumbró la actual composición -pretendidamente de mayoría progresista- del CGPJ. Las decisiones adoptadas hasta ahora se consideran “decepcionantes”, puro continuismo del CGPJ conservador de los últimos años.

El Gobierno asume que el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene muchas papeletas para que el Tribunal que juzgará su caso en el plazo de dos o tres meses le condene a penas que supondrán su ingreso en prisión. E, igualmente, los socialistas se malician que los familiares del presidente Sánchez, incursos en juicios, terminarán condenados a distintas penas.

Es por todo ello que el Gobierno identifica al Poder Judicial como su verdadero adversario político, un adversario que –reflexionan en Ferraz- no es coyuntural, sino estructural, una verdadera “espada de Damocles” que preocupa al PSOE con vistas al “postsanchismo”.

Aunque en su reciente aparición en TVE el presidente del Gobierno aludiera a una “minoría” de jueces, en privado se reconoce que Sánchez acotó su ataque a una “minoria” por pura estrategia, cuando en realidad considera que hay un porcentaje mayoritario de magistrados que reniegan del actual Ejecutivo.

Habrá que esperar a las próximas semanas para conocer cómo encara exactamente el Gobierno su ofensiva legislativa y su estrategia mediática en el pulso que está dispuesto a echar a los jueces, identificados como su principal adversario político.