La Fiscalía se blinda: su propio delegado justifica que García Ortiz borrara pruebas

El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vivido este martes una jornada clave con el testimonio del fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo de Murillo, quien ha afirmado que García Ortiz tenía “la facultad” de borrar la información de sus dispositivos si consideraba que existía riesgo para los datos sensibles que contenían. “Somos responsables de los datos”, sentenció el fiscal, en una declaración que puede marcar un giro en la causa. Cabe recordar que según la UCO el fiscal general eliminó las conversaciones el pasado 16 de octubre, cuando el Supremo le abrió investigación. "No se han encontrado mensajes anteriores a esa fecha", explicaron los investigadores. García Ortiz alegó que borra "absolutamente todo" el contenido de su móvil de manera regular debido a la naturaleza "ultrasensible" de los datos.

Recordemos que García Ortiz se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo acusado de revelación de secretos en la filtración del correo electrónico de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, remitido el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía. Según la acusación, el fiscal general habría hecho llegar ese documento a la Cadena SER la noche del 13 de marzo, lo que podría costarle hasta seis años de cárcel, doce de inhabilitación y una multa superior a 400.000 euros.

“Tenía la facultad de destruir sus dispositivos”

Durante su declaración, Hidalgo de Murillo ha explicado que la normativa interna de la Fiscalía permite destruir documentación y dispositivos en desuso, siempre que el usuario sea el responsable de los datos que contienen.

“Si el usuario no confía en que esos datos vayan a ser adecuadamente borrados o suprimidos, tiene la facultad de destruirlos. Somos responsables”, subrayó el fiscal, que insistió en que lo verdaderamente importante “no es el dispositivo, sino la información que guarda”. Llama la atención que, precisamente, el borrado de mensajes sea justo desde el día en el que se supo que iban a investigarle.

Esta declaración adquiere relevancia porque el magistrado instructor del caso, Ángel Hurtado, había considerado la eliminación del contenido del móvil y de la cuenta de Gmail personal de García Ortiz como uno de los indicios principales de ocultación de pruebas.

Gmail, WhatsApp y la comunicación “más segura”

El fiscal delegado también fue preguntado por el uso de una cuenta privada de Gmail para recibir comunicaciones profesionales. Hidalgo de Murillo señaló que no constituye una brecha de seguridad, ya que la guía de la Fiscalía sobre protección de datos solo establece recomendaciones y no prohibiciones.

“El tratamiento de protección de datos no es un derecho absoluto; hay otros derechos en juego, como la comunicación”, argumentó. Incluso comparó el uso de Gmail o WhatsApp con las herramientas del Ministerio de Justicia, afirmando que “pueden ser más seguras”.

La nota de prensa, “una decisión consciente”

Respecto a la nota de prensa del 14 de marzo, en la que la Fiscalía detalló los correos entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso, Hidalgo de Murillo fue tajante: “En mi opinión, esa nota no constituye una violación de seguridad”. Aseguró que se trató de una decisión autorizada y “enmarcada en las funciones del Ministerio Público”.

“Por ejemplo, una nota emitida por el gabinete de prensa del Tribunal Supremo nunca va a ser una violación de seguridad”, añadió, restando gravedad al asunto.

“No se abrió investigación porque nadie lo pidió”

Hidalgo de Murillo también dejó claro que no abrió ninguna investigación interna, ya que su función no es actuar de oficio, sino responder a las quejas de los interesados. “Si su cliente se hubiera dirigido a mí, que no lo ha hecho, le habría contestado”, respondió al abogado de González Amador, Gabriel Ramos.

Además, recordó que los fiscales no tienen obligación de comunicar cambios de teléfono o correo electrónico, y que su labor se limita a fomentar la cultura de protección de datos dentro del Ministerio Público.

La Inspección Fiscal archivó los expedientes

La jornada se cerró con la declaración de la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, quien confirmó que se abrieron dos expedientes tras la polémica nota de prensa, a raíz de denuncias del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y de Manos Limpias.

Sin embargo, ambos procedimientos fueron paralizados al judicializarse el caso y archivados posteriormente, una vez que los tribunales descartaron responsabilidades para los fiscales Julián Salto y Pilar Rodríguez. El juicio continuará esta semana en el Supremo, con el foco cada vez más centrado en si la gestión de los datos fue imprudente… o simplemente legítima.