La UCO ratifica que el Fiscal lo borró todo: “No pudimos recuperar los mensajes que serían clave”

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han confirmado este miércoles ante el Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró todo el contenido de sus dispositivos personales justo antes de que se iniciara la investigación judicial por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso.

«No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés para la investigación», ha reconocido uno de los tres peritos que han comparecido conjuntamente ante los siete magistrados encargados de dictar sentencia.

Un borrado total y a conciencia

Según los informes presentados y ratificados hoy, García Ortiz cambió de teléfono móvil el 23 de octubre de 2024, apenas una semana después de que el Supremo decidiera abrirle causa penal.

El nuevo terminal lo tenía en su poder desde mayo, pero no lo activó hasta entonces, justo después de haber eliminado manualmente todos los mensajes y llamadas del anterior.

Los agentes han precisado que ese borrado masivo se produjo el 16 de octubre, el mismo día en que el Alto Tribunal formalizó su investigación.

«Se observa que los mensajes más antiguos conservados son del 16 de octubre», ha explicado uno de los investigadores.

En otras palabras: todo el contenido anterior, incluyendo los días clave del 13 y 14 de marzo de 2024 —cuando se habría producido la filtración— desapareció.

La cuenta de correo también fue eliminada

El patrón de destrucción de pruebas no se limitó al móvil. La UCO ha confirmado que la cuenta privada de Gmail desde la que García Ortiz recibió el correo con la confesión de delitos fiscales del abogado de Alberto González Amador —pareja de Ayuso— también fue borrada.

«Cuando se intenta realizar la recuperación de esa copia de seguridad, el proveedor indica que la cuenta ha sido eliminada recientemente», relataron los técnicos ante el tribunal.

Esa comunicación electrónica, enviada la noche del 13 de marzo de 2024 por la fiscal Pilar Rodríguez, es uno de los elementos más comprometedores del caso, al haber circulado después por canales internos de la Fiscalía General hasta filtrarse a medios de comunicación.

Once guardias civiles citados y una reconstrucción imposible

En total, once miembros de la Guardia Civil han declarado este miércoles, relatando las dificultades técnicas para reconstruir la cronología de los hechos debido a la falta de datos en los dispositivos del fiscal general.

Solo ha sido posible rastrear parte del intercambio de mensajes gracias a que la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, no borró su teléfono cuando fue investigada.

Los ocho primeros agentes han detallado su participación en los registros realizados el 30 de octubre de 2024, tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía Provincial de Madrid. Dichos registros se produjeron pocos días después de que el Supremo admitiese la querella por revelación de secretos.

La defensa insiste en el “exceso” de la investigación

Durante el interrogatorio, la Abogacía del Estado y la Fiscalía —que asumen la defensa de García Ortiz— han intentado reforzar la idea de que el acceso a los datos del fiscal general fue “excesivo y desproporcionado”, al no haberse limitado a un periodo concreto.

Sin embargo, los agentes de la UCO han sido tajantes: “Es inviable hacer una selección previa. Siempre se realiza un volcado total del dispositivo, y la limitación temporal se aplica después, en el análisis”, han respondido.

Preguntados sobre si el sistema permitía filtrar por fechas, los técnicos lo han negado:

«Es imposible filtrar por fechas, se lo vuelvo a repetir. Eso llevaría semanas», señaló uno de los peritos, subrayando que el procedimiento aplicado fue el estándar en investigaciones de esta naturaleza.

Quejas internas y colaboración del acusado

Los agentes también han confirmado que la teniente fiscal del Supremo presentó una queja formal por lo que consideró el “alcance excesivo” del registro en la sede de la Fiscalía General.

Aun así, han reconocido que García Ortiz colaboró en todo momento, facilitando el PIN de su teléfono y permitiendo el acceso a los dispositivos sin resistencia.

Un proceso que compromete a la Fiscalía General

Las revelaciones de esta quinta jornada suponen un nuevo revés para la defensa del fiscal general, a quien los informes de la UCO atribuyen un “papel preeminente” en la filtración de información reservada.

El propio García Ortiz declarará en las próximas horas ante el tribunal, en una comparecencia que se espera clave para el devenir de un caso que ha sacudido los cimientos de la Fiscalía y tensado la relación entre el Gobierno y la Comunidad de Madri