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El Partido Popular ha reclamado este lunes explicaciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su encuentro con el directivo de Plus Ultra Julio Martínez, detenido la pasada semana por la Policía, y ha sugerido que esa reunión pudo ser para un "soplo".

"Zapatero, siempre tan previsor, se reunió con el empresario del caso Plus Ultra --cliente de sus hijas-- junto antes de que lo detuvieran. El investigado borró pruebas, y el guión parece escrito: reunión, limpieza y detención", ha asegurado el secretario general del PP, Miguel Tellado.

El 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha sugerido en su cuenta de la red X que la reunión que mantuvieron el expresidente del Gobierno y el empresario de Plus Ultra pudo ser para un "soplo" y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo explique.

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Enrique Martínez Olmos

Más de 300 firmas de cargos municipales y militantes del PSdG han firmado un manifiesto lanzado en apoyo de la secretaria de Igualdad, Silvia Fraga, que dimitió por discrepancias a raíz de la gestión de la actual dirección frente a las acusaciones por supuesto acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé.

Fuentes socialistas han señalado que hasta este lunes son 231 mujeres y 77 hombres los que han suscrito el mismo, entre ellas Inés Rey García, alcaldesa de A Coruña; asi como María Barral, alcaldesa de Betanzos y vicepresidenta de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

También Uxía Oviedo, alcaldesa de Maceda; Marta Giráldez, regidora de Meis y Marisol Morandeira, Paula Fernández, Patricia Domínguez y Asunción Mogade, alcaldesas, respectivamente, de Guitiriz, Silleda, Pobra de Trives y Rairiz de Veiga, además de la propia Inés Rey.

Junta a ellas están la que fue concejala en A Coruña y diputada Carmen Marón, presidenta de la Comisión donde se tramitó la Ley contra la Violencia de Género, además de nombres como el expresidente de la Xunta, Fernando González Laxe o el exsecretario xeral del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga.

En un auto el juez Leopoldo Puente desestima el recurso de reforma que presentó la defensa de Cerdán --y al que se adhirieron Ábalos y Koldo-- contra su decisión de autorizar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso al contenido de "todas las diligencias digitales intervenidas" por orden del Supremo en el marco del 'caso Koldo' para nutrir la línea de investigación relativa a dichos abonos en efectivo que dirige ahora el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Así las cosas, Puente se ratifica y reitera que los agentes de la Benemérita podrán tener acceso a dicho material en el marco de la investigación que encabeza el Juzgado Central de Instrucción Número 2 sobre las "posibles irregularidades advertidas en los pagos efectuados en metálico por dicho partido político".

El instructor insiste en que, "a partir de la existencia de determinados hallazgos efectuados en la presente causa especial", envió al juez Moreno "ciertas declaraciones testificales y de información documental facilitada por el PSOE" para que decidiera si veía pertinente investigar las supuestas irregularidades.

En este punto, recuerda que Moreno le pidió autorización para "que la unidad policial judicial designada" --la misma que actúa en el Supremo-- pudiera "tener acceso al contenido de las evidencias digitales intervenidas" en las diligencias acordadas por el alto tribunal.

Así lo ha expresado Cuca Gamarra, destacando que el balance que ha hecho Sánchez de este 2025 no es el que los españoles merecen. "El balance se puede resumir en tres palabras: corrupción, por todos los casos que le afectan; parálisis, por su incapacidad de aprobar leyes, y retroceso para las mujeres", ha enfatizado.

La dirigente del PP ha subrayado que ese "mitin" que ha ofrecido Sánchez en el Palacio de la Moncloa es "insuficiente" y ha dicho que "tiene que rendir cuentas en el Parlamento". Por eso, ha retado a Sumar a apoyar la petición del Grupo Popular para que Sánchez comparezca ante el Pleno del Congreso antes de fin de año para dar cuenta de la "corrupción sistémica" que hay en su entorno.

"Menos palabras y más hechos. Menos de boquilla y más actuar políticamente", ha espetado a la vicepresidenta Yolanda Díaz, subrayando que tiene la "oportunidad" de apoyar esa solicitud de PP en la Mesa del Congreso, que se reúne este martes.

Gamarra ha indicado que este año Sánchez ha sido "el encubridor de la corrupción" porque "encubrió" a su exministro José Luis Ábalos; a su hermano David Sánchez; al exsecretario de Organización de PSOE Santos Cerdán; al exasesor de Moncloa Francisco Salazar --tras las denuncias de acoso sexual--; al que fuera fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz; o a su mujer Begoña Gómez. También le ha acusado de "tapar" los "chanchullos de las primarias" del PSOE y de ser el "encubridor de todos aquellos que se bajaban la bragueta en Moncloa para acosar a las mujeres de su propio partido".

Por eso, ha criticado el "mitin" de Sánchez en su "búnker" de Moncloa, que es "la zona cero de la corrupción" y "la zona cero del machismo" porque, según ha dicho, "nadie puede obviar ni olvidar que es en Moncloa donde se han producido esos abusos sexuales que han sido denunciados".

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Enrique Martínez Olmos

El Partido Popular ha decidido dar un paso al frente y entrar de lleno en una investigación que amenaza con sacudir al corazón del Gobierno. Ante las presuntas irregularidades en contratos públicos que investiga la Audiencia Nacional, el PP se ha personado en la causa que afecta a la exmilitante Leire Díez y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, un movimiento con el que deja claro que no piensa mirar hacia otro lado.

Así lo ha anunciado este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha subrayado que su partido no va a permanecer “impasible” ante lo que ya denomina la “trama Montero”, una investigación que, según recordó, estalló la pasada semana y que salpica a antiguos colaboradores de la vicepresidenta primera del Gobierno. En este contexto, Gamarra ha recalcado que el expresidente de la SEPI fue colaborador directo de María Jesús Montero, lo que refuerza la gravedad política del caso.

La dirigente popular ha descrito esta causa como una red en la que “desde la SEPI se creó una SEPI paralela”, una estructura que, según ha advertido, ya está afectando a nuevas instituciones y organismos dependientes del Gobierno. Para el PP, no se trata de un caso aislado, sino de una trama con ramificaciones cada vez más amplias.

Gamarra ha señalado que esta investigación alcanza al expresidente de la SEPI, a la “incombustible” Leire Díez y también a Servinabar, empresa vinculada a Antxon Alonso y a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Todo ello, ha añadido, en el marco de contrataciones públicas bajo sospecha.

Según ha explicado, las presuntas irregularidades afectan a empresas relacionadas directamente con el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero y con el Ministerio para la Transición Ecológica, en etapas encabezadas por Sara Aagesen y Teresa Ribera. Un escenario que, a juicio del PP, exige máxima transparencia y responsabilidades políticas.