Ley Montero
La fiscal Teresa Peramato reivindica la ley del "solo sí es sí" de Irene Montero como un referente internacional
Peramato defiende la ley del “solo sí es sí” pese a que su aplicación ha derivado ya en más de 1.200 rebajas de condena y más de un centenar de excarcelaciones de agresores sexuales en España
Teresa Peramato fiscal general del Estado
La fiscal de sala especializada en Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha defendido este viernes la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del “solo sí es sí”, impulsada por la exministra de Igualdad Irene Montero. Durante su intervención en una mesa redonda celebrada en la sede de la Fiscalía General del Estado, aseguró que se trata de una norma “esencial” y que sitúa a España como un referente internacional en la protección de las víctimas de violencia sexual.
El encuentro, titulado Igualdad en construcción: desafíos para los derechos de las mujeres, contó también con la participación de la presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; la periodista Ebbaba Hameida; y la profesora universitaria Lucía Ortiz de Zárate.
El consentimiento como eje central de la ley
Durante su intervención, Peramato subrayó que uno de los avances más importantes de la ley es colocar el consentimiento en el centro de la definición de los delitos sexuales. Según explicó, la norma establece que la ausencia de consentimiento debe considerarse el elemento clave para identificar una agresión sexual.
En este sentido, defendió que el consentimiento afirmativo forma parte del núcleo de la autonomía y la libertad sexual de las personas. Por ello, la inexistencia de ese consentimiento constituye, a su juicio, la base para entender cuándo se produce violencia sexual.
Una norma con más de 60
La fiscal destacó también el alcance de la legislación impulsada durante el mandato de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. La ley incluye 62 artículos dedicados específicamente a medidas de sensibilización, prevención de la violencia sexual, protección de las víctimas y garantía del derecho a una reparación integral.
Según Peramato, este enfoque demuestra que la normativa no se limita a modificar el Código Penal, sino que plantea una respuesta institucional más amplia frente a este tipo de delitos, incorporando medidas educativas, sociales y de apoyo a las víctimas.
España, “referente europeo”
En su intervención, la fiscal señaló que el modelo español está influyendo en el debate legislativo de otros países europeos. En este contexto, explicó que en la Unión Europea se trabaja nuevamente en una directiva para incorporar la ausencia de consentimiento como elemento clave en la definición de la violación.
También mencionó el caso de Francia, donde el debate se ha intensificado tras el caso de Gisèle Pelicot, víctima de violaciones organizadas durante años por su exmarido. Según Peramato, este caso ha impulsado en el país vecino la discusión sobre una posible reforma del código penal para incluir el consentimiento como base de la tipificación del delito de violación.
A su juicio, estos debates reflejan que España se ha convertido en un referente en materia de legislación penal y protección de las mujeres frente a la violencia sexual.
Más de 1.200 rebajas de condena y más de 100 excarcelaciones
La aplicación de la ley ha estado acompañada, sin embargo, de una fuerte polémica desde su entrada en vigor en 2022. La modificación de las horquillas de penas en el Código Penal permitió revisar condenas anteriores cuando la nueva legislación resultaba más favorable para los condenados.
Como consecuencia, los tribunales han aplicado más de 1.200 reducciones de condena a agresores sexuales y se han producido más de un centenar de excarcelaciones.
Meses después de la aprobación de la norma, la propia Peramato reconoció que el debate público se había centrado principalmente en estas revisiones de penas, lo que —según afirmó— terminó eclipsando el contenido más amplio de la ley.
A pesar de las críticas generadas por estas decisiones judiciales, la fiscal defendió que el conjunto de la legislación supone un avance significativo en la protección de las víctimas y en el reconocimiento de la violencia sexual como una vulneración grave de la libertad y la autonomía de las mujeres.