Delicada situación para Pedro Sánchez: denuncia en la UE por “golpe de Estado”

La ofensiva ya no es solo interna. Y ese es el problema real para Pedro Sánchez. Cuando las críticas trascienden el debate político nacional y empiezan a proyectarse hacia Bruselas, el desgaste deja de ser doméstico para convertirse en reputacional. Eso es exactamente lo que está intentando provocar Hazte Oír con su última iniciativa: llevar a la Comisión Europea una denuncia que, más allá de su tono, busca instalar una idea muy concreta fuera de España.

La organización ha activado una campaña de recogida de firmas para pedir al comisario europeo de Interior y Migración que intervenga ante lo que califican directamente como un “golpe de Estado encubierto”. La expresión no es casual ni moderada. Forma parte de una estrategia de presión que pretende situar el foco en la política de nacionalidad e inmigración del Gobierno, presentándola como un mecanismo de “ingeniería electoral”.

El argumento central que sostienen es conocido, pero ahora adquiere una dimensión distinta al dirigirse a Europa. Por un lado, denuncian la posible regularización masiva de inmigrantes en situación irregular mediante decreto. Por otro, señalan el aumento de concesiones de nacionalidad al amparo de la llamada ley de memoria democrática, un proceso que, según sus datos, habría recibido ya más de dos millones de solicitudes y con un nivel de rechazo mínimo.

Hasta aquí, el debate podría quedarse en el terreno político habitual. Lo que cambia el escenario es el salto a Bruselas.

Porque la campaña no se limita a criticar al Ejecutivo, sino que apela directamente al Derecho europeo, citando precedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la concesión masiva de nacionalidades sin vínculo efectivo con el país. Es ahí donde Hazte Oír intenta construir su caso: no como una disputa ideológica, sino como una posible vulneración normativa que justificaría la apertura de un procedimiento de infracción.

Ese movimiento tiene una lógica clara. La política nacional puede resistir críticas internas, pero la imagen exterior es más sensible. Y en ese terreno, cualquier duda sobre el respeto a las reglas europeas tiene un impacto mucho más difícil de contener.

El problema para Sánchez no es tanto el contenido de la denuncia —que entra dentro del habitual choque político— como el marco en el que se está planteando. Cuando el debate se formula en términos de “legalidad europea” y se traslada a las instituciones comunitarias, el ruido adquiere otra dimensión. Puede firmar la petición pinchando sobre este enlace.

En los últimos meses, el Gobierno ha intentado reforzar su perfil internacional. Iniciativas como esta, aunque no tengan un recorrido inmediato en términos legales, introducen una narrativa alternativa: la de un Ejecutivo cuestionado no solo por la oposición interna, sino también bajo sospecha en el ámbito comunitario.

Ese es el verdadero objetivo de la campaña. No tanto lograr una intervención inmediata de la Comisión Europea —algo que, en la práctica, suele ser lento— como erosionar la imagen del Gobierno en el exterior. 

En política, ese tipo de movimientos tienen un efecto acumulativo. No determinan por sí solos una crisis, pero contribuyen a construirla. Y en un momento en el que Sánchez ya afronta desgaste interno comido por la corrupción, abrir un frente exterior añade presión en un terreno menos controlable.

La clave está en si esa presión trasciende el ámbito de la campaña y logra penetrar en las instituciones europeas. Si lo hace, el coste reputacional puede ser mayor. 

En cualquier caso, el movimiento ya ha cumplido una parte de su objetivo: sacar el debate fuera de España.