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Margarita Robles se atrinchera en la cuarentena "voluntaria" y eleva la tensión en la crisis del hantavirus

La ministra de Defensa descarta imponer una cuarentena obligatoria a los 14 españoles del crucero afectado por el brote mientras aumenta la presión política y sanitaria ante una enfermedad que ya deja varios fallecidos

La ministra de Defensa, Margarita Robles

La ministra de Defensa, Margarita RoblesJesus Hellin/STUDIO MEDIA 19

Patricia Rodríguez Corchado

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La gestión del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha colocado al Gobierno en una situación de máxima tensión política y sanitaria. Pero más allá del avance del virus, una sola palabra pronunciada por Margarita Robles ha terminado monopolizando el debate: “voluntaria”.

La ministra de Defensa aseguró que la cuarentena prevista para los 14 españoles repatriados desde el crucero no será obligatoria, al tratarse de pasajeros asintomáticos y existir límites legales vinculados a los derechos fundamentales. El aislamiento se realizará previsiblemente en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

El hantavirus detectado a bordo pertenece presuntamente a la variante andina, una de las pocas cepas conocidas capaces de transmitirse entre humanos. El brote ya ha dejado tres fallecidos y mantiene bajo seguimiento a más de un centenar de pasajeros y tripulantes mientras el barco continúa su ruta hacia Canarias.

Dentro del propio Ejecutivo existen mensajes distintos sobre cómo afrontar la situación. Mientras Defensa insiste en la “voluntariedad del aislamiento, desde sectores sanitarios se defiende la necesidad de aplicar todas las medidas necesarias para garantizar el control epidemiológico si el riesgo aumenta.

Canarias teme el impacto de la llegada del barco

La llegada del MV Hondius a Tenerife también ha generado inquietud política y social en Canarias. El archipiélago activará protocolos extraordinarios de seguridad sanitaria para evitar cualquier contacto no controlado entre los pasajeros y la población local.

El dispositivo incluirá controles médicos, zonas de aislamiento y traslados supervisados para los ciudadanos españoles repatriados. Aun así, el episodio ha reabierto el debate sobre hasta dónde puede llegar el Estado en situaciones de emergencia sanitaria y cómo equilibrar la protección colectiva con las libertades individuales.

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