Jupol rechaza que la muerte de los guardias civiles en Huelva se considere un “accidente laboral”

El sindicato Jupol ha mostrado su apoyo a las familias y compañeros de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos este fin de semana en Huelva durante una persecución a una narcolancha y ha rechazado con contundencia que lo sucedido pueda calificarse como un simple “accidente laboral”. La organización considera que los hechos constituyen un ataque criminal contra agentes de la autoridad y reclama al Gobierno más medios para combatir a las redes de narcotráfico.

En un comunicado, el sindicato de la Policía Nacional trasladó su “máximo respeto, apoyo y solidaridad” a los allegados de los guardias civiles fallecidos y defendió que sus muertes fueron consecuencia directa del cumplimiento del deber frente a organizaciones criminales “extremadamente violentas”.

Jupol sostiene que definir lo ocurrido como un accidente laboral supone un error jurídico y también una falta de reconocimiento hacia quienes arriesgan la vida en operaciones de alto riesgo. Según explican, el concepto de accidente laboral pertenece al ámbito de la Seguridad Social y se aplica a situaciones fortuitas o derivadas de fallos preventivos, mientras que en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entra en juego la figura del “acto de servicio”, vinculada al régimen especial de Clases Pasivas.

El sindicato subraya además que en este caso existe una actuación dolosa de terceros, ya que los agentes fueron embestidos por una narcolancha cuyos ocupantes actuaron, aseguran, con “absoluto desprecio por la vida humana”. Por ello, consideran que se trata de un atentado criminal contra agentes de la autoridad y no de un percance laboral ordinario.

Jupol también pone el foco en las condiciones materiales con las que trabajan las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. La organización denuncia que los agentes son enviados a operativos de enorme peligrosidad con medios claramente inferiores a los utilizados por las mafias, cada vez más sofisticadas y violentas.

En este sentido, advierten de que aceptar la etiqueta de “accidente laboral” podría tener consecuencias legales y sociales importantes, especialmente en relación con las pensiones extraordinarias y los reconocimientos honoríficos vinculados a los actos de servicio.

Por último, el sindicato reclama al Ejecutivo “rigor institucional” y un compromiso firme para reforzar los recursos destinados a combatir el narcotráfico en zonas especialmente sensibles como el litoral andaluz. Según Jupol, la muerte de los dos guardias civiles debe ser reconocida “jurídica, institucional y socialmente” como consecuencia directa de su servicio a España frente al crimen organizado.