El Gobierno informa al Supremo que ya ha recibido casi 550.000 solicitudes para la regularización de inmigrantes
Moncloa revela que más de 91.500 expedientes ya han sido aceptados mientras el Alto Tribunal estudia frenar cautelarmente el polémico proceso extraordinario
Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad.
El abogado del Estado, en representación del Gobierno, ha comunicado este viernes al Tribunal Supremo que ha recibido ya 549.596 solicitudes dentro del proceso extraordinario de regularización de migrantes impulsado por el Ejecutivo, de las cuales, 91.505 han sido admitidas a trámite según ha trasladado el abogado del Estado durante una de las visitas al alto tribunal.
Estos datos han sido durante las cinco vistas celebradas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, en las que se estudia si se debe paralizar de forma cautelar la medida extraordinaria, suspensión solicitada formalmente por la Comunidad de Madrid y Vox, entre otras entidades.
El Gobierno defiende que existe un control previo
Durante la vista relacionada con el recurso presentado por la Asociación Libertad y Justicia, el abogado del Estado ha defendido que la admisión a trámite de las solicitudes, supone conceder una autorización provisional de residencia y trabajo, no se realiza de manera automática.
Según ha explicado, antes de admitir cada petición se lleva a cabo un "chequeo" de la documentación presentada para verificar que se cumplen los requisitos esenciales exigidos por el decreto, intentando, el Ejecutivo, desmontar una de las principales críticas de los recurrentes que sostienen que el procedimiento permite regularizaciones sin suficientes garantías.
Críticas de las asociaciones recurrentes
La Asociación Libertad y Justicia ha criticado duramente el real decreto aprobado por el Gobierno, al considerar que se ha impulsado “por la puerta de atrás” y “saltándose” la soberanía nacional la cual, corresponde a las Cortes Generales. Ademas, ha avisado de la amenaza que implica que las personas regularizadas puedan circular posteriormente por el espacio Schengen tras haber accedido a España mediante una vía creada “ad hoc”.
Estas críticas se suman a las ya expresadas en otras vistas celebradas este mismo viernes por organizaciones como Hazte Oír o la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, también contrarias a la medida.
El Ejecutivo cuestiona la legitimación de los demandantes
Por su parte, el abogado del Estado también ha cuestionado la validez jurídica de quienes han presentado los recursos para la suspensión cautelar del decreto pues, para el Gobierno, el hecho de que esas asociaciones defiendan en sus estatutos los valores constitucionales o del ordenamiento jurídico no implica un interés concreto y directo que justifique su intervención en este procedimiento judicial.