El Supremo avala por ahora la regularización masiva de inmigrantes impulsada por Sánchez
El alto tribunal ha rechazado suspender cautelarmente la medida pese a los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y Vox, que alertaron del impacto sobre los servicios públicos y de posibles choques con la normativa europea.
Imágenes del inicio de la atención a inmigrantes en sus trámites para la regularización en el Puerto del Almería. A 27 de abril de 2026 en Almería.
El Tribunal Supremo ha rechazado este viernes paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno, una medida recurrida por la Comunidad de Madrid, Vox y varias asociaciones que denunciaban tanto su posible choque con el derecho europeo como el impacto que puede provocar en los servicios públicos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha tomado la decisión después de celebrar cinco vistas en las que ha escuchado a todas las partes implicadas. Finalmente, el Supremo sí ha reconocido legitimación para recurrir tanto a la Comunidad de Madrid como a Vox, aunque ha rechazado suspender cautelarmente el real decreto mientras estudia el fondo del asunto.
En cambio, el tribunal ha inadmitido los recursos de Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica al considerar que no están legitimadas para impugnar la medida ante la Justicia. Los argumentos completos del Supremo se conocerán en los próximos días, cuando se notifiquen los autos correspondientes.
Inmigrantes aguardan la apertura de la sede de Cepaim en Almería para obtener documentación para el proceso de regularización extraordinario.
Durante las vistas, tanto la Comunidad de Madrid como Vox han cargado contra el proceso de regularización impulsado por el Ejecutivo. El Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha advertido de la presión que puede generar sobre los servicios públicos, especialmente en sanidad, al estimar que solo en Madrid podrían beneficiarse unas 255.000 personas.
Vox, por su parte, ha alertado de un conflicto “brutal” con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo que entrará en vigor el próximo mes de junio. Los recurrentes también han defendido que conceder autorizaciones provisionales mientras se resuelven las solicitudes podría generar “derechos consolidados” difíciles de revertir en caso de que finalmente la Justicia tumbase el decreto.
Frente a ello, la Abogacía del Estado ha defendido la medida asegurando que busca integrar a personas que ya se encuentran en España mediante un proceso “especialmente limitado” y con efectos positivos para la economía y el crecimiento del PIB. Para sostener esa tesis, el Ejecutivo se ha apoyado en informes del Defensor del Pueblo y del Consejo Económico y Social.
El real decreto entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de conceder permisos de residencia y trabajo a unas 500.000 personas. Según los últimos datos facilitados por el Ejecutivo, ya se han presentado 549.596 solicitudes y 91.505 han sido admitidas a trámite, lo que implica una autorización provisional para residir y trabajar en España.
Tras conocerse la decisión judicial, el Gobierno ha celebrado abiertamente el respaldo del Supremo. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han valorado “positivamente” que el Alto Tribunal haya rechazado las medidas cautelares solicitadas por Madrid y Vox.
El Ejecutivo ha asegurado además que la decisión “despeja el presente y futuro de decenas de miles de personas” que ya han obtenido autorización provisional y “no disipa la esperanza” de otras muchas que todavía esperan resolución o presentarán su documentación en los próximos días.
Por su parte, Hazte Oír ya ha anunciado que recurrirá tanto la inadmisión de su recurso como la negativa del Supremo a adoptar medidas cautelares, al considerar que existe un “grave riesgo” si la regularización continúa adelante mientras se resuelve el procedimiento judicial.