Iustitia Europa consigue que abran expediente a las dos fiscales mencionadas en las conversaciones del 'caso Plus Ultra'

La denuncia presentada por Iustitia Europa por la actuación de dos fiscales en la investigación del rescate de Plus Ultra ha dado un nuevo paso. La Inspección de la Fiscalía General del Estado ha abierto un expediente gubernativo para estudiar los hechos puestos en su conocimiento y determinar si procede o no la adopción de nuevas medidas.

La decisión afecta a la fiscal María Luisa Llop, que intervino en el procedimiento seguido inicialmente en un juzgado madrileño, y a la entonces fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que saltó al escenario más público al tener que declarar ante el Supremo en el juicio a Álvaro García Ortiz por la filtración de datos de Alberto González Amador. Ambas fueron objeto de una denuncia presentada por Iustitia Europa a raíz de su actuación en la causa relacionada con las ayudas públicas concedidas a la aerolínea Plus Ultra.

Según han precisado fuentes fiscales a la agencia EFE, la apertura de este expediente gubernativo constituye un trámite administrativo previo y no supone la incoación de un expediente disciplinario. Su finalidad es recibir y analizar la documentación remitida desde la Fiscalía de Madrid para valorar si existen o no indicios de responsabilidad disciplinaria.

El origen de esta actuación se encuentra en el expediente enviado a finales de mayo por la entonces fiscal superior de Madrid en funciones, Almudena Lastra. En el decreto firmado el pasado 26 de mayo, Lastra dejó constancia de que Iustitia Europa había presentado una "queja/denuncia" contra Pilar Rodríguez y María Luisa Llop por su actuación en el juzgado madrileño que investigó las ayudas recibidas por Plus Ultra antes de que el asunto terminara en la Audiencia Nacional. La fiscal María Luisa Llop había propuesto en su momento el archivo de la causa, mientras que Pilar Rodríguez ocupaba entonces la jefatura de la Fiscalía madrileña.

Iustitia Europa reclama una investigación "con máxima transparencia"

Desde Iustitia Europa han destacado que la denuncia se apoya en los indicios incorporados a la investigación policial y judicial que se sigue en la Audiencia Nacional. En este sentido, la organización ha señalado que entre la documentación analizada figuran comunicaciones en las que aparece la expresión "la fiscal jefa es amiga", junto a otras referencias que considera especialmente relevantes para el esclarecimiento de los hechos, como la frase "hay que cortar esto", en el contexto del rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra.

Además consideran que la apertura de este expediente gubernativo va más allá de un mero trámite administrativo. A su juicio, supone que los órganos internos de control de la Fiscalía General del Estado deberán examinar si la actuación de las fiscales que intervinieron en el caso Plus Ultra fue plenamente imparcial o si pudo verse condicionada por relaciones, influencias o presiones externas.

El presidente de la formación, Luis María Pardo, ha explicado que las referencias aparecidas durante la investigación justifican que se profundice en el asunto. "Cuando en una causa de 53 millones de euros públicos aparece una frase como 'la fiscal jefa es amiga' y se habla de 'cortar' una investigación, no cabe mirar hacia otro lado. Ahora corresponde investigar si aquello fue una jactancia o si existió una influencia real sobre la actuación del Ministerio Fiscal", ha dicho.

Iustitia Europa ha defendido también que este expediente debe tramitarse con "máxima transparencia, rigor y celeridad". La formación sostiene que la sociedad tiene derecho a conocer si las decisiones adoptadas en relación con el rescate de Plus Ultra respondieron exclusivamente a criterios jurídicos o si pudo existir alguna interferencia incompatible con la imparcialidad que se exige al Ministerio Fiscal.