Pagos de hasta 25.000 euros: así intentaron Leire y la trama, según la UCO, 'dirigir' el testimonio de Carmen Pano
Un informe que no pasa desapercibido y que abre una de las líneas más delicadas del caso: reuniones discretas, supuestas ofertas económicas y conversaciones orientadas a influir en declaraciones judiciales. El Informe 89/2026 de la UCO reconstruye, paso a paso, una serie de encuentros que habrían tenido como objetivo modificar el relato de unos testigos clave en una investigación sobre presuntas entregas de dinero en Ferraz.
La empresaria Carmen Pano a su llegada al Tribunal Supremo
Los descubrimientos sobre cómo funcionaba la supuesta trama de fontanería dirigida por Leire Díez escriben un nuevo capítulo. El Informe de la UCO núm. 89/2026, según el contenido facilitado en las diligencias, analiza una línea de investigación relativa a un presunto intento de alterar testimonios en sede judicial. El documento recoge el testimonio de dos personas, Carmen Pano Sánchez y Álvaro Gallego García, quienes habrían sido contactados en relación con su futura comparecencia judicial en un procedimiento sobre supuestas entregas de dinero.
Según las actas incorporadas al informe, el contacto inicial se habría producido semanas antes de la fecha de una declaración prevista en febrero de 2025, a través del entorno del despacho de la abogada Leticia de la Hoz. En esas comunicaciones, siempre según la versión recogida por los agentes, se les habría convocado para realizar una “propuesta”.
El informe detalla que, posteriormente, se habrían celebrado hasta cuatro reuniones en las instalaciones de un despacho profesional, en las que también habría participado el socio del despacho, Ángel Fernández Prieto. En esos encuentros, de acuerdo con los testimonios recogidos, se habría planteado la existencia de “personas interesadas” en modificar el sentido de las declaraciones relativas a supuestas entregas de dinero en la calle Ferraz.
Objetivo: “proteger” a Ábalos y Koldo
Siempre según el relato contenido en el informe, el objetivo de estas reuniones habría sido que los testigos ajustaran su versión para sostener que no existió entrega de efectivo, sino únicamente de documentación, atribuyendo además la responsabilidad de los hechos a terceros, entre ellos Víctor de Aldama. También se menciona la intención de “proteger” a José Luis Ábalos y Koldo García, según la terminología reflejada en las declaraciones.
Leire Díez y su cuaderno
Uno de los puntos más relevantes del informe es la supuesta oferta de contraprestaciones económicas. En concreto, se recoge que se habrían planteado pagos consistentes en 25.000 euros para una boda, entre 2.500 y 2.800 euros mensuales para alquiler de vivienda durante varios años, y 15.000 euros para la compra de un vehículo. Según las actas, estas cantidades habrían sido solicitadas por los propios testigos en el marco de las conversaciones, y posteriormente consideradas dentro de una posible estructura de pago.
El documento también señala que se habría explicado la posibilidad de articular estos pagos mediante contratos simulados o fórmulas de intermediación laboral, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a los ingresos. Además, siempre según el contenido del informe, se habría indicado a los testigos qué versión concreta debían mantener ante el juzgado, insistiendo en negar la existencia de dinero en efectivo.
Las condiciones del acuerdo
Una cuarta reunión, fechada el 14 de febrero de 2025 según las actas, habría servido para comunicar que las condiciones planteadas habrían sido aceptadas y que los pagos se estructurarían a través de mecanismos contractuales. En ese encuentro, según la declaración recogida, se habría insistido en la necesidad de ajustar las futuras declaraciones judiciales a la versión propuesta.
Leticia de la Hoz.
Sin embargo, el informe también recoge que, tras consultar con su defensa legal, los testigos habrían decidido finalmente no modificar su testimonio. En la comparecencia judicial del 18 de febrero de 2025 y en posteriores actuaciones, habrían mantenido una versión distinta a la supuestamente sugerida en las reuniones previas.
Finalmente, tras la declaración prestada el 25 de febrero de 2025 ante el Tribunal Supremo, el documento señala que se habría producido la ruptura de contactos entre las partes implicadas, dando por finalizada cualquier comunicación posterior.
En conjunto, el Informe 89/2026 de la UCO describe, según las actas incorporadas, un escenario de reuniones, propuestas económicas e instrucciones sobre declaraciones judiciales que constituye una de las líneas de investigación más sensibles dentro del caso relacionado con las supuestas entregas de dinero en Ferraz.