Óscar Puente va a por lana contra Ayuso por el abono transporte y sale trasquilado: "En Valladolid había que empadronarse"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a lanzarse a una de sus especialidades favoritas: criticar a Isabel Díaz Ayuso. El problema es que, una vez más, la hemeroteca le ha jugado una mala pasada. Lo que el ministro denuncia ahora como una medida discriminatoria e injustificable de la presidenta de la Comunidad de Madrid de exigir el empadronamiento para sacarse el abono transporte resulta que eso mismo que él aplicó cuando gobernaba Valladolid.

La polémica ha surgido después de que Renfe cargara contra la decisión de la Comunidad de Madrid de exigir el empadronamiento para acceder a determinados beneficios vinculados al transporte público como el abono transporte, asunto que está usando el PSOE y el Gobierno para atacar a Ayuso y generar de paso una cortina de humo con un debate falso ante la ola de corrupción de los socialistas. Desde la compañía dependiente del Ministerio de Transportes de Óscar Puente se ha llegado a afirmar que esta exigencia genera "desigualdades y segregación" y que además no fue comunicada ni consensuada previamente.

El loroparque sanchista se puso rápidamente en marcha para presentar el asunto como un nuevo escándalo protagonizado por Ayuso en medio de la tormenta que vive el PSOE entre Zapatero, Leire Díez y compañía. Sin embargo, el relato empezó a hacer aguas cuando numerosos usuarios recordaron que durante la etapa de Óscar Puente como alcalde de Valladolid existía exactamente el mismo requisito para acceder a determinadas bonificaciones del abono transporte urbano: estar empadronado en la ciudad.

La situación ha provocado una auténtica avalancha de críticas en redes sociales. Muchos ciudadanos se preguntan cómo puede calificarse de segregadora una medida en Madrid y convertirse en perfectamente razonable cuando se aplicaba en Valladolid o en otras ciudades bajo un gobierno del PSOE. Las reacciones no se han hecho esperar: "El empadronamiento que era normal en Valladolid que te lo exigen para cualquier servicio ahora es intolerable en Madrid", resumía un usuario. Otro ironizaba preguntándose "si el empadronamiento cambia de naturaleza jurídica cuando uno cruza el puerto de Guadarrama". Lo cierto es que la exigencia de acreditar residencia para acceder a determinadas ayudas o bonificaciones públicas como el abono transporte no es precisamente una rareza en España. Numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas, incluidas las gobernabas por el PSOE, aplican criterios similares, pero si lo hace Ayuso es escándalo nacional. El sanchismo no sabe que inventar para tapar sus vergüenzas.