Fiscalía congela el expediente a dos fiscales del caso Plus Ultra pero Iustitia Europa logra que se incluya su escrito

La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado ha decidido suspender el expediente gubernativo abierto a Pilar Rodríguez, exjefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y a María Luisa Llop, fiscal destinada en la Audiencia Nacional, en relación con su aparición en conversaciones de los investigados en el denominado caso Plus Ultra.

Según ha explicado la propia Inspección Fiscal, la decisión se adopta en aplicación del Reglamento del Ministerio Fiscal, que permite la incoación de expedientes disciplinarios cuando existen hechos vinculados a un procedimiento penal, pero establece que no podrá dictarse resolución hasta que exista sentencia o auto de sobreseimiento firme.

El acuerdo subraya además que la declaración de hechos probados que pueda fijarse en el proceso penal será vinculante para el expediente disciplinario, lo que en la práctica condiciona cualquier avance administrativo a lo que determine el tribunal que instruye la causa. Asimismo, la Inspección Fiscal ha solicitado al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que informe y remita las resoluciones judiciales que se dicten en el marco de las diligencias, en relación con las fiscales afectadas.

El origen del expediente y el papel de los informes de la UDEF

El expediente ya había tenido un primer movimiento en mayo, cuando la entonces fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, abrió una actuación gubernativa contra Rodríguez y Llop, ahora destinada en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional respectivamente. La apertura se produjo tras conocerse un informe de la UDEF incorporado a la investigación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que analiza, entre otras cuestiones, la concesión de un rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas S.A.

En ese informe, los investigadores recogen conversaciones en las que el abogado Miguel Palomero afirmaba que “la fiscal jefa es amiga” y planteaba la necesidad de influir en el desarrollo del procedimiento. En ese contexto se incluye la expresión “hacer un Kitchen Gabinet”, en referencia a supuestas maniobras para intervenir en el curso de la investigación judicial.

Iustitia Europa celebra que su denuncia haya sido incorporada al expediente

En paralelo, la Inspección Fiscal ha dictado un decreto en el expediente gubernativo E.G. 487/2026, incoado tras la denuncia presentada por Iustitia Europa, bajo la dirección jurídica de su presidente y abogado Luis María Pardo. El decreto, de fecha 18 de junio de 2026, confirma que la denuncia tuvo entrada en la Inspección Fiscal el 26 de mayo, remitida desde la Fiscalía Superior de Madrid, y que se apoya en los informes policiales UDEF-BBCA 1907/26 y 1908/26, incorporados a las Diligencias Previas 77/2024.

Según ha explicado Iustitia Europa, la Inspección Fiscal reconoce la existencia de una conexión objetiva entre los hechos denunciados y la causa penal en curso, aplicando el artículo 149 del Reglamento del Ministerio Fiscal, lo que implica la suspensión del expediente hasta resolución firme en sede judicial. El decreto también ordena solicitar información al fiscal jefe de Anticorrupción sobre las resoluciones judiciales que afecten a las fiscales mencionadas en la denuncia.

“No es una queja, es una conexión directa con la causa penal”

Luis María Pardo ha dicho que el decreto es “jurídicamente muy relevante” porque, según ha explicado, la Inspección Fiscal “no despacha la denuncia como una simple queja, sino que la conecta directamente con la causa penal Plus Ultra”. El dirigente de Iustitia Europa ha añadido que expresiones como “la Fiscal Jefa es amiga”, recogidas en los informes policiales, exigen —a su juicio— una investigación exhaustiva sobre posibles influencias en el entorno del rescate público de la aerolínea.

La organización ha insistido en que continuará personada en las piezas vinculadas al caso Plus Ultra, incluida la causa que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, para esclarecer si el rescate público respondió estrictamente a criterios legales o si pudo existir una red de influencias en su tramitación. Mientras tanto, la decisión de la Inspección Fiscal deja en suspenso cualquier avance disciplinario hasta que el procedimiento penal principal alcance una resolución firme.