“Puta Espanya” y “musulmán el que no bote”: las dos varas de medir que desnudan a la izquierda

Hay ofensas que en España activan todos los resortes del Estado. Y hay ofensas que se disuelven en la rutina, como si insultar a España fuera un ruido ambiental, un folklore de estadio, un derecho de expresión que no merece ni una nota institucional. Esa es la lección de dos episodios separados por pocos meses y unidos por una misma hipocresía.

El 31 de marzo, en el amistoso entre España y Egipto en el RCDE Stadium de Cornellà, un sector de la grada —la zona habitual de La Curva del Espanyol— coreó “musulmán el que no bote”. Hubo también pitos al himno egipcio. El cántico era grosero, estúpido y ofensivo. Lo era aunque no fuera un ataque racial en sentido estricto —el islam no es una raza— y aunque siguiera el molde de esas consignas de grada que llevan décadas convirtiendo cualquier identidad en estribillo. Era una falta de respeto. Punto.

Lo que vino después no fue solo una crítica. Fue una movilización. Lamine Yamal, musulmán y estrella de la selección, lo denunció al día siguiente: “usar una religión como burla os deja como personas ignorantes y racistas”. Luis de la Fuente habló de “repulsa total” y de algo “intolerable”. La RFEF proyectó avisos en el videomarcador. Los Mossos abrieron investigación. El Ministerio de Igualdad pidió a la Fiscalía que estudiara un posible delito de odio. Pedro Sánchez lo tildó de “inaceptable”. Félix Bolaños dijo que aquellos cánticos “nos avergüenzan como sociedad” y que “quien calla será cómplice”. Ángel Víctor Torres habló de “grupos ultras jaleados por la política ultra”. Óscar Puente lo resumió con su fórmula habitual: “Es el fascismo, amigos”. El PP también condenó. La prensa nacional e internacional se llenó de portadas, análisis y lecciones morales. Hasta se especuló con sanciones de la FIFA. El asunto no quedó en el césped: subió a la política de primer nivel.

Comparemos ahora con lo ocurrido el jueves en el Camp Nou, en el primer partido de Liga en casa del Barcelona contra el Athletic. Joan Laporta canceló el homenaje a los campeones del Mundo con España —ocho de ellos, jugadores del Barça— porque, según él, no había “contexto adecuado”. En su lugar convocó un “acto de exaltación de la estelada”. La ANC repartió 10.000 banderas independentistas. La grada se llenó de estrelladas. Sonó Els Segadors. Volvió el grito de “independencia” en el minuto 17:14. Y, sobre ese escenario montado por el propio club, se escuchó “puta España, puta selección”. LaLiga lo ha dejado por escrito: dos minutos antes del saque inicial y de nuevo hacia el minuto 18. Fuera del estadio, según crónicas de quienes estaban allí, también hubo quema de banderas nacionales.

¿Dónde está Sánchez ahora? ¿Dónde está Bolaños advirtiendo de que quien calla es cómplice? ¿Dónde está el Ministerio de Igualdad enviando el caso a la Fiscalía? ¿Dónde está el comunicado de “máxima firmeza” del ministerio de Deportes? ¿Dónde están los editoriales que hablan de vergüenza nacional, de imagen internacional, de valores democráticos? No están. LaLiga ha incluido esos gritos en su denuncia rutinaria ante la Comisión Antiviolencia, en el mismo lote en el que aparecen insultos a Pedro Sánchez en otros campos y el “puta Cataluña” del Metropolitano. Trámite administrativo. Ni clamor político, ni inquisición mediática, ni lección moral desde Moncloa. En La Vanguardia, el Camp Nou “habló clar i català para defender la libertad de expresión”. Libertad de expresión, sí: la de vociferar “puta Espanya” el mismo día en que se impide honrar a los futbolistas que acaban de ganar un Mundial.

Esa es la vara de medir. Un cántico soez contra musulmanes, dirigido al rival egipcio en un amistoso, dispara el aparato entero: Gobierno, federación, Mossos, Fiscalía, columnismo sincronizado, adjetivos de racismo, xenofobia, fascismo. Un cántico soez contra España, en un acto politizado por el presidente del Barcelona, con exhibición masiva de banderas separatistas y con la selección campeona convertida en objeto de escarnio, se tramita como incidente menor. O, peor, como reivindicación. Ofender a España y a los españoles sale barato. Lo haga Laporta y su Barcelona politizado o lo haga quien use la frontera como palanca. Que se lo pregunten a los ceutíes.

En Ceuta acaba de vivirse otra lección de impunidad. A finales de julio, decenas de miles de personas —las cifras oficiales han llegado a hablar de unas 72.000 entradas— cruzaron desde Marruecos. Hubo muertos, tensión diplomática, ataques a militares y a la Guardia Civil, y un ministro marroquí que incluso se permitió poner en duda el estatus de la ciudad. Rabat reparte agravios; Madrid dosifica la respuesta para no romper el relato de la “nueva relación”. Quien señala la entrada ilegal, la presión fronteriza o la utilización política de la migración recibe de inmediato el estigma. Racista. Xenófobo. Fascista. El mismo vocabulario que se vació sobre Cornellà. El mismo que no se aplica cuando el insulto apunta a España.

Nadie con dos dedos de frente debería defender el “musulmán el que no bote”. Es un cántico mezquino. Pero la cuestión no es si aquel grito merecía reproche. Lo merecía. La cuestión es por qué el reproche se reserva a unas ofensas y se esconde ante otras. Por qué criticar ciertos comportamientos de algunos musulmanes en nombre de su religión, o cuestionar la inmigración irregular, coloca a uno automáticamente fuera del recinto de la decencia, mientras que “puta España” se acomoda en la grada, en el palco y en la crónica amable. Ese es el clima que ha instalado una izquierda que dirige el sanchismo y que amplifica el equipo de opinión sincronizada: la superioridad moral de quienes se sienten autorizados a decidir qué víctimas existen y cuáles sobran.

Los españoles, por lo visto, no tienen corazón ni sentimientos. Son insultables en Ceuta, en Barcelona, en Madrid y en cualquier rincón del territorio nacional. Se puede pitar su himno, quemar su bandera, llamar puta a su selección y cancelar el homenaje a sus campeones. Se puede hacer desde un club que vive de la Liga española y se financia con el mercado español. Se puede hacer sin que el Consejo de Ministros dedique a ello ni media frase de la que sí dedicó a Cornellà.

Dos varas. Una, de acero, para quien toque el dogma. Otra, de cartón, para quien toque a España. Mientras esa desigualdad se presente como virtud democrática, el mensaje seguirá siendo el mismo: hay ofensas que conmueven al poder. Y hay un país al que se puede ofender gratis.