Aldama derrota otra vez a Sánchez: no logra impedir que el comisionista pueda ver rebajada la pena

Pedro Sánchez ha vuelto a perder frente a Aldama. El presidente del Gobierno, que no soporta que alguien le señale como “número uno” de la trama, ha intentado por todos los medios impedir que Víctor de Aldama se beneficie de su colaboración con la Justicia. Ha utilizado a su fiscal general, Teresa Peramato, para ordenar al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que mantenga intacta la petición de siete años de cárcel y no solicite la atenuante muy cualificada que el Código Penal permite por una confesión decisiva y anticipada.

El objetivo era claro: meter a Aldama en prisión y cortarle de raíz cualquier incentivo para seguir hablando. Porque Aldama no colabora por deporte. Lo hace para no entrar en la cárcel. Si la Justicia no le garantiza una rebaja sustancial —hasta dos grados—, su testimonio pierde todo sentido para él. Y Sánchez lo sabe. Por eso movió ficha. Por eso Peramato intervino directamente y vetó la rebaja que el propio Luzón veía procedente. 

El fiscal Anticorrupción, en su informe final del juicio de las mascarillas, ha dejado constancia de que la colaboración de Aldama ha sido “esencial” para desentrañar una organización criminal con vocación de permanencia que operaba desde un ministerio del Gobierno. Ha destapado amaños en obras públicas, comisiones millonarias y hasta el fraude del IVA en hidrocarburos. Ha entregado nombres, fechas y cifras antes de que nadie le investigara. Eso, en cualquier Estado de Derecho serio, se premia.

Pero Sánchez no quiere Estado de Derecho. Quiere silencio. Y creyó que bastaba con una orden interna de la fiscal general para torcer el curso de la Justicia.

Error garrafal. La “prohibición” de Peramato es procesalmente irrelevante por una sencilla razón: el tribunal del Supremo, presidido por Andrés Martínez Arrieta, no está atado por la petición de la Fiscalía. El principio acusatorio impide condenar por encima de lo solicitado por las acusaciones, pero no impide rebajar. 

La defensa de Aldama y la acusación popular del PP ya han pedido expresamente la atenuante muy cualificada. El juez puede, si lo estima oportuno, aplicarla con plena autonomía. La pena podría bajar a dos años, lo que abriría la puerta a la libertad condicional, a no entrar en prisión.

Sánchez ha fracasado otra vez. Aldama seguirá colaborando porque sabe que la Justicia, la de verdad, no se somete a órdenes de Moncloa. Y el presidente, que tanto presume de “democracia plena”, ha quedado retratado una vez más: dispuesto a presionar a la Fiscalía para protegerse, pero incapaz de doblegar a un tribunal independiente.

Otra derrota. Otra prueba de que, por mucho que lo intente, Sánchez no puede impedir que la verdad salga a la luz. Aldama ya ganó.