Es necesario plantar cara a la violencia de la extrema izquierda: orden, libertad y estado de derecho

Las escenas vividas en las últimas semanas en Barcelona y Bilbao han encendido todas las alarmas. Lo que algunos quieren disfrazar de protesta social no es más que violencia organizada, intimidación y un intento deliberado de quebrar la convivencia por parte de grupos de extrema izquierda que actúan con total impunidad. Frente a esa deriva, es necesario dar un paso al frente con un paquete de medidas contundentes para devolver la paz a las calles y garantizar que España no se convierta en rehén de los violentos.

En Barcelona, los altercados protagonizados por colectivos antisistema vinculados a la CUP y a organizaciones del entorno más radical han degenerado en ataques a comercios, quema de contenedores y agresiones a Mossos d'Esquadra y a periodistas. El último episodio, con barricadas en el centro y lanzamiento de objetos contra la Guardia Urbana, es el resultado de años de permisividad del independentismo y de un Ayuntamiento que ha mirado hacia otro lado.

En Bilbao, la situación es aún más grave por su carga simbólica. Durante una concentración autorizada por la Delegación del Gobierno de sánchez se profirieron gritos de apoyo a ETA, de exaltación de presos de la banda terrorista y de justificación de su historia criminal. Lo más indignante no fueron solo los gritos, sino el silencio cómplice posterior.

Bildu, una vez más, se retrató. Preguntados de forma directa en rueda de prensa, sus portavoces se negaron a condenar los gritos de apoyo a ETA. Ni una palabra de repulsa. Ni una muestra de respeto a las víctimas. Esa negativa no es casualidad ni un olvido: es su ideología. Es la constatación de que EH Bildu sigue sin romper con el legado de ETA, que sigue considerando a los terroristas como parte de su familia política y que sigue sin pedir perdón.

Un partido que aspira a gobernar Euskadi y que ha sido socio preferente de Pedro Sánchez y ha sostenido al gobierno durante toda la legislatura, es incapaz de decir que gritar "gora ETA" es intolerable en democracia. Eso es lo que Sánchez ha blanqueado.

Ante este panorama Alberto Núñez Feijóo ha presentado un plan de choque para hacer frente a la violencia de la extrema izquierda, que se articulará en tres niveles: policial, judicial y político.

En primer lugar, se propone reforzar de forma inmediata los efectivos policiales y la coordinación entre Policía Nacional, Mossos, Ertzaintza y policías locales en los focos de conflicto. No puede ser que los agentes estén en inferioridad numérica frente a grupos organizados que utilizan tácticas de guerrilla urbana. La propuesta contempla la creación de unidades de intervención rápida anti-disturbios con material adecuado, la recuperación del principio de autoridad y la dotación de medios de identificación y detención.

En segundo lugar, medidas judiciales. Es necesario reformar el Código Penal para endurecer las penas por atentado contra la autoridad, por desórdenes públicos agravados y por exaltación del terrorismo. Gritar vivas a ETA no puede salir gratis. Atacar una sede policial no puede saldarse con una multa. La propuesta incluye tipificar como delito específico la ocupación violenta de espacios públicos con fines intimidatorios, la creación de un registro nacional de reincidentes en desórdenes y la prohibición de que condenados por terrorismo o enaltecimiento puedan ser homenajeados en actos públicos subvencionados. Se acabó la impunidad para los que utilizan las instituciones que les paga el Estado para atacar al Estado.

En tercer lugar, firmeza política. Feijóo ha anunciado que exigirá en el Congreso la reprobación de cualquier cargo público que no condene la violencia y el terrorismo. Esta firmeza contrasta con lo que se escuchó la semana pasada en la Asamblea de Madrid, donde la extrema izquierda enseñó su verdadero rostro. Durante el pleno, portavoces de Más Madrid y Podemos advirtieron sin rubor que "no habrá paz en las calles" si no se cumplen sus exigencias políticas, en una amenaza directa a la estabilidad y al orden constitucional. No fue una metáfora. Fue una declaración de intenciones.

Quien dice que no habrá paz en las calles está diciendo que habrá violencia. Quien fantasea con asaltar la Puerta del Sol está llamando a la insurrección. Es el mismo discurso que incendió Barcelona en 2019 y que ahora quieren exportar a Madrid.

Feijóo lo tiene claro: Barcelona y Bilbao no pueden convertirse en laboratorios de impunidad para la extrema izquierda. Bildu debe ser señalado por lo que es: un partido que no condena a ETA. Y los que amenazan con que no habrá paz en las calles deben saber que habrá Estado de Derecho, habrá ley y habrá orden. España necesita calles libres de miedo, comercios abiertos sin temor a ser destrozados y víctimas del terrorismo respetadas, eso es lo que la mayoría de españoles exige. Por cierto, ¿dónde está escondido el ministro Marlaska?