La senadora que denunció la caja B de Podemos: "Sabré quién se quedó el dinero"

La abogada Celia Cánovas, ex senadora de Podemos, no puede ocultar su satisfacción tras la decisión de la Audiencia de Madrid que obliga al juez Escalonilla, instructor del caso Neurona, a reabrir las investigaciones sobre la presunta 'caja B' del partido de Pablo Iglesias que ella misma denunció.

Con su personación como parte perjudicada siente que "por fin se empieza a hacer Justicia". "Ahora voy a saber quién se quedó con el dinero que di al partido", ha asegurado en declaraciones exclusivas a ESdiario. Ello tras conocer que se ha admitido su recurso contra el archivo de la causa judicial que rastreaba la pista del dinero de las donaciones a la formación morada que supuestamente se destinaron a otros usos. "A mí me chupaban la sangre con las donaciones mientras otros amortizaban sus hipotecas", ha denunciado sin tapujos en redes sociales.

Cánovas lamenta que haya sido necesario "dedicar tanto tiempo y esfuerzos" para "tener acceso a toda la información judicial" porque "hasta la fecha ha sido todo muy complicado". "Se me han puesto todo tipo de trabas y ha sido un camino muy largo", en el que "se me ha impedido" acceder a la información de "dónde terminó el dinero que con muchísimo esfuerzo y de buena fe di a Podemos" -como tantos otros- para que "algunos viviesen a todo tren".

Cánovas quiere saber dónde está el dinero que dio a Podemos con 'muchísimo esfuerzo'

Sin embargo, a partir de ahora se abre "una etapa nueva" en la que "tendré que ponerme al día de todas las diligencias, informes policiales, transcripciones de testigos e imputados..."y un largo etcétera de actuaciones judiciales a las que podrá acceder sin cortapisas. "En vista de lo que me encuentre pediré nuevas pruebas y declaraciones" de nombres propios de Podemos, algunos de los cuales han sido recientemente imputados, como Juan Carlos Monedero.

Podemos se revuelve contra el juez Escalonilla, nervioso por la imputación de Monedero

La abogada, experta en derecho inmobiliario, ha sostenido siempre ser una de las víctimas de los presuntos delitos de administración desleal y malversación cometidos por la cúpula de Podemos en la gestión de la denominada Caja de Solidaridad del partido. Un fondo que, como destapó el ex abogado de la formación y su responsable de Protección de Datos, José Manuel Calvente, se habría destinado a fines distintos de los que justificaron su creación. Cánovas remarca su "decepción" con el partido y cómo hizo "aportaciones engañada" sobre el destino de las mismas convencida de un proyecto político que hoy le da "vergüenza".

Cánovas ha hecho especial mención al abogado de Podemos en el procedimiento reabierto "que fue mi asesor en el Senado", además de "compañero", y del que "ha resultado muy doloroso leer ciertas afirmaciones que ha hecho para defender al partido" a lo largo del proceso.

La "caja de Solidaridad"

La Justicia duda de la total legalidad de la llamada 'caja de solidaridad' de Podemos y por ello, la Audiencia Provincial de Madrid ya ha ordenado al juez Escalonilla que reabra su investigación sobre la presunta administración desleal de los fondos de la formación morada, que no estarían siendo utilizados para sus fines propios, pese a que el magistrado había archivado la causa.

La investigación parte de la denuncia del ex abogado del partido, Calvente

La investigación sobre ese aspecto de las finanzas partía de la denuncia realizada por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, que sugirió una posible administración desleal de los fondos de la Caja de Solidaridad por parte del diputado Rafael Mayoral, para pagar a un miembro de Podemos.

El diputado Rafael Mayoral.

En un nuevo auto, la Audiencia ha instado a "la continuación del proceso hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad del partido político Podemos". Además, el tribunal ha ordenado al juez que tenga a la exsenadora Cánovas por perjudicada, desde el principio de la causa y dejando "sin vigencia el principal argumento del magistrado instructor". Éste aseguró que el objeto de la causa no era "investigar la totalidad de las presuntas conductas irregulares llevadas a efecto", insistiendo en que "deberían existir indicios del uso irregular" de unos fondos que Escalonilla consideró "inexistentes".

A diferencia del instructor, la Audiencia cree que el posible destino irregular de los fondos sí podría colocar a la senadora como víctima por su condición de "afiliada" de la formación, ya que las cantidades aportadas por Cánovas al partido lo fueron en base a "los compromisos éticos, políticos y económicos que suscribió al unirse al proyecto político".