05 de Mayo de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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El Poder Judicial se defiende en Europa.

Las razones de 2.500 jueces para acusar a Sánchez de violar el Estado de Derecho

La carta remitida por las tres asociaciones judiciales mayoritarias contra la reforma del Gobierno deja muy mal parado a Pedro Sánchez, al ministro Juan Carlos Campo y al PSOE.

| María Jamardo Tribunales

Tres de las cuatro asociaciones mayoritarias de jueces y magistrados de toda España han denunciado a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para denunciar la "situación de riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España".

Los más de 2.500 jueces que conforman la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), han remitido este lunes una carta conjunta para formalizar sus quejas ante la Comisión Europea y "poner en su conocimiento nuestra inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España".

Las Asociaciones Judiciales son conscientes "de que sólo en contadas ocasiones la UE se pronuncia sobre asuntos de organización interna" pero el hecho de que "la Comisión" ya haya expresado con anterioridad "su preocupación por la posible limitación de garantías a la independencia judicial en España" y que, pese a ello, el Gobierno siga "ignorando" sus "recomendaciones" y horadando paulatinamente la independencia judicial", no han dejado otra opción a los miembros de la magistratura.

No en vano, el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá en su Pleno del próximo jueves 22 de abril la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la reforma legal que les ha retirado funciones.

 

Jueces y magistrados han insistido en ello en su misiva y "en lo imprescindible de que en que de una vez por todas establezca un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo" que se adecue a los "estándares existentes en la mayor parte de los países de la UE -es decir, por elección de los propios jueces entre sus iguales-, se camina en la dirección opuesta".

Totalitarismo

La reforma de la LOPJ consumada por el Gobierno es, a juicio de los jueces y magistrados, un "sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción".

Además, aseguran que la "actuación" del Ejecutivo "constituye un desapoderamiento del CGPJ como órgano constitucional de gobierno de los jueces de España, a realizar en dos fases: el apagón del CGPJ en sus funciones de nombramiento de altos cargos judiciales, mediante reforma legal que ya ha sido aprobada; y, la sumisión del Poder Judicial al Gobierno" de turno.

Elección por los propios jueces

Las Asociaciones Judiciales "que suscribimos este escrito" aun sabiendo que "sólo en contadas ocasiones la UE se pronuncia sobre asuntos de organización interna" se han visto obligadas a elevar la voz porque en España "se siguen ignorando las recomendaciones" europeas y "se continúa en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial".

Tal es así que "en lugar de acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial  que se adecue a los estándares existentes en la mayor parte de los países" de nuestro entorno -"es decir, por elección de los propios jueces entre sus iguales"- "se camina en la dirección opuesta".

Por ello, "nos dirigimos a la Comisión Europea para poner de manifiesto el riesgo a que se ve sometido el Estado de Derecho en España a causa de la deriva legislativa por reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en trámite".

La primera reforma, ya en vigor, "prevé un apagón del CGPJ, al dejarle sin funciones de designación de cargos judiciales en la situación actual y hasta que sean renovados sus componentes (vocales)".

La segunda reforma "prevista implica una rebaja de las mayorías exigidas en las Cámaras legislativas (Congreso de los Diputados y Senado) para la designación de los vocales judiciales, de manera que los partidos de Gobierno por sí solos puedan decidir la íntegra composición del CGPJ".