06 de Agosto de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Carles Puigdemont
Carles Puigdemont

El Supremo busca "una solución" para obligar a Bélgica a extraditar a Puigdemont

El magistrado instructor de la causa del 'procés' en el Alto Tribunal, Pablo Llarena, planteará cuestión prejudicial ante el TJUE para obligar a los belgas a detener y entregar a Puigdemont

| María Jamardo Tribunales

 

El Supremo acelera los trámites para que, retirada la inmunidad parlamentaria a Carles  Puigdemont por la Eurocámara, la Justicia belga extradite al prófugo catalán. "Una vez perdida la condición de diputado se reactiva de inmediato la euroorden" que pesa sobre el expresidente de la Generalitat, confirman a ESdiario fuentes del Alto Tribunal.

"En cualquier país europeo" Puigdemont "sería detenido y se abriría un procedimiento de entrega para ponerlo a disposición de la Justicia española y que responda de las causas pendientes en nuestro país", afirman las mismas fuentes. "El problema es Bélgica" que, hasta la fecha, se ha negado a intervenir en la cuestión, pero ya "se está buscando una solución", aseguran. Aunque asumen que será un trámite "largo" -que habrá que solventar "con una estrategia de actuación múltiple"- al hilo de lo anunciado por el abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, quien prepara recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea y "otras acciones" sin concretar.

No en vano, en el Supremo se ha puesto en marcha la maquinaria para que la Justicia belga no pueda negarse a la entrega de los fugados del 1-O -Carles Puigdemont, Lluis Puig, Antonio Comín y Clara Ponsatí- una vez han perdido la protección especial que les brindaba su condición de eurodiputados. El magistrado Pablo Llarena, con el apoyo de la Fiscalía y de las acusaciones que intervinieron en la causa del 'procés', presentará en las próximas horas una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

 

Llarena se dirigirá ante el tribunal europeo con el objetivo de que se pronuncie a favor de su petición y los motivos por los que, en este caso concreto, no procede denegar la orden de detención y entrega que ha mantenido vigente a la espera de la decisión de la Eurocámara.

De este modo, el magistrado se asegurará -según lo previsto en la Decisión Marco 2002/584/JAI- que de exigir que Bélgica atienda su obligación con España, tanto la jurisprudencia europea como la respuesta concreta en esta causa serán favorables a que Puigdemont y el resto de fugados pasen a disposición del Supremo. En cualquier caso, interrumpirá cualquier decisión belga durante el tiempo que tarde en decidir el TJUE.

Las desavenencias entre la Justicia belga y la española condicionan el futuro procesal de Puigdemont y el resto de políticos catalanes pendientes de ser juzgados

A su favor, el  propio informe de  la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) que hace unas semanas resolvió el suplicatorio del Alto Tribunal español para levantar la inmunidad de Carles Puigdemont como diputado y que la Justicia belga lo devuelva a España para ser juzgado por encabezar el referéndum ilegal del 1-O. Una causa que lleva más de un año paralizada en espera de la decisión definitiva que se ha hecho pública hoy. 

El pulso de la Justicia española

El documento de la UE sobre el prófugo catalán avaló, sin matices, la tesis defendida por la Justicia española y consideró que los hechos por los que se reclama al expresidente de la Generalitat son anteriores a su condición de parlamentario europeo y, por lo tanto, no pueden quedar protegidos por una inmunidad posterior.

Las desavenencias entre la Justicia belga y la española condicionan el futuro procesal de Puigdemont y el resto de políticos catalanes pendientes de ser juzgados por situarse al frente del referéndum inconstitucional del 1-O.

En 2018, Bélgica rechazó por primera vez la entrega de los exconsellers fugados y siempre ha respondido de manera negativa a las solicitudes de extradición cursadas por el juez Pablo Llarena. El magistrado aspira a que todos los reclamados sean entregados a España para ser juzgados, en base a las euroórdenes vigentes, por sendos delitos de sedición y malversación.